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  • Campana. Hacia la ciudad democrática

    Campana. Hacia la ciudad democrática

    Por Marcelo Pazos. Extracto del libro “Bajo Paraná” adapatado por el Autor para este artículo.

     

    LA CIUDAD COMO SISTEMA.

     La planificación urbana, tal como ha sido concebida habitualmente en los tiempos modernos, ha hecho foco en que la definición de la morfología urbana es el camino proyectual para el funcionamiento eficiente de la ciudad, entendiéndola como una máquina de habitar en cuyo marco se llevan a cabo múltiples actividades. Puede considerarse que conceptualizar la ciudad como la máquina eficiente es la consecuencia previsible del concepto mecanicista emanado del maquinismo propio de la Revolución Industrial.

    Una de las múltiples consecuencias de la Revolución Industrial que moldearon el paradigma de los tiempos modernos fue precisamente el que la población rural fuese inducida a migrar progresivamente hacia ámbitos urbanos, proceso que sigue vigente en la actualidad y que determinó que a principios de este siglo XXI la población urbana superara por vez primera en la historia de la humanidad a la población rural, fenómeno que en muchos países, entre ellos el nuestro, ya había ocurrido con bastante anticipación. Este fenómeno trae aparejados desajustes inéditos.

    En el planeamiento urbano ambiental, por el contrario, el concepto mecanicista del planeamiento urbano es reemplazado por un concepto orgánico, en el cual la morfología urbana deviene del resultado de la articulación de los diferentes subsistemas que más que integrar o integrarse en la ciudad la constituyen. De este modo la imagen de la ciudad va a reflejar en su morfología las interacciones que se producen en su seno y ya no va a depender tan sólo de la voluntad implícita o explícita, consciente o inconsciente, de un proyectista externo, porque los procesos se han tornado mucho más dinámicos, y crecientemente más dinámicos cuantos mayores resulten los subsistemas actuantes. Las ciudades no son sólo los edificios, los parques, las calles. Estos son apenas elementos del subsistema físico, pero existen multitud de otros subsistemas interactuando dentro del organismo que llamamos ciudad.

    El planeamiento físico tradicional nos diría que sociedad urbana es aquella que habita en ciudades. En el planeamiento ambiental diremos que la sociedad urbana es un subsistema que en interacción adecuadamente articulada con otros subsistemas constituye una entidad de mayor grado de complejidad denominada ciudad. Por tratarse de un ente de mayor grado de complejidad exhibirá propiedades emergentes.

    El planeamiento físico nos dirá que una ciudad es un producto del Mundo Cultural, una segregación del Mundo Natural construido por el Hombre. El planeamiento urbano ambiental teorizará que siendo el Hombre un ser de la Naturaleza su obra y su acción pertenecen al Mundo Natural, y que el Mundo Cultural es producto de una convención artificiosa que pretende constituir un campo independiente para el estudio de la actividad del Homo sapiens. Aún si fuese esa segregación, el Mundo Cultural no será sino una parte del Mundo Natural que la incluye, porque el Mundo Natural es el Universo, y por definición nada hay fuera de él. O sea que la ciudad es una entidad orgánica del Mundo Natural que incluye a una sociedad urbana que se ha establecido en un medio crecientemente antropizado.

    Para la correcta evaluación de la ciudad no deben perderse de vista algunas consideraciones: La ciudad no es un elemento aislado. Como organismo está integrado como subsistema de entes de mayor grado de complejidad: Hay una relación con otras ciudades, del mismo país y del extranjero, algunas vecinas y otras lejanas. Esas relación, entendidas como interacciones, la integra a organismos de mayor grado de complejidad, por ejemplo a la provincia, a la nación, a una región, a un mercado determinado

     

    PROYECTO CAMPANA.

    1. CONSIDERACIONES PREVIAS. ESTADO DE SITUACIÓN.
    • IMPLEMENTACIÓN.
      • El casco urbano.
      • Los barrios extraurbanos.
      • La Isla.
      • Política de Movilidad.
      • Política de Aguas.
      • Aprovechamiento del Paraná.

     

    En este trabajo vamos a concentrarnos en el Partido y Ciudad de Campana para hacer una propuesta de plan de obras públicas con una visión alejada del viejo planeamiento físico y una mirada ambiental, sobre todo por lo que significa el cuidado del medio ambiente en una ciudad eminentemente industrial. Las ciudades industriales y las sociedades urbanas que albergan y dan vida tienen una particular mirada sobre el tema, que debe materializarse en la morfología urbana.

    Pero entonces, ¿planificar qué cosa, y cómo hacerlo? La planificación ambiental tiene por objetivo detectar y corregir los desajustes entre los subsistemas. Un desajuste conlleva un funcionamiento irregular del sistema urbano. Un desajuste es una disfunción efectiva. De aquí que es importante poder identificar los subsistemas e interpretar adecuadamente el modo en que están interactuando unos con otros. En definitiva, en última instancia, el fin último es el Hombre y su felicidad, aunque no a cualquier precio: Una vida de calidad en un ambiente saludable y sano para todos sus miembros que debe ser protegido para las generaciones por venir. Cuando hablamos de saludable nos referimos a la salud física, cuando decimos sano nos referimos a las emociones y los valores, y cuando decimos para todos nos referimos a que el ambiente a proteger, el de la casa común, incluye los aspectos de los subsistemas sociales, tal como los presentase el papa Francisco en su ya citada encíclica Laudato si, pero también como quedó plasmado en los Principios de la Conferencia de Estocolmo, la primera conferencia relevante en la que se manifiesta inquietud por la temática ambiental.

    1. CONSIDERACIONES PREVIAS. ESTADO DE SITUACIÓN.

    Hemos establecido que el sistema urbano incluye la región adyacente. En este caso vamos a considerar la región delimitada por el subsistema jurisdiccional, o sea limitarnos al Partido de Campana, sin olvidar que:

    • Campana está considerada integrante del tercer cinturón del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
    • La inmediatez geográfica con la ciudad de Zárate es una particular condicionante.
    • Altos Los Cardales y sus aledaños interactúan también con otros centros urbanos.
    • La mayor superficie del Partido corresponde al sector de Islas.

    Si bien el subsistema político institucional considera a Campana como integrante del AMBA, y si bien la tendencia general de las megalópolis –centros urbanos cuya población supera los diez millones de habitantes- es hacia el crecimiento y la expansión, Campana podría bregar por quedar fuera de ese proceso conservando una identidad propia y la escala de la Ciudad, conservando así una mejor calidad de vida. Es una decisión estratégica, cuya definición implica costos y ganancias. Una de las opciones es integrarse decididamente en el campo de las innumerables interacciones potenciales y efectivas de una megalópolis colaborando a incrementarlas. La segunda opción, que es la que abonamos, es la de preservar ciertos valores simbólicos que se diluirían o eclipsarían en el marco de la megalópolis, y buscar una articulación con otros subsistemas urbanos equivalentes con los cuales generar una entidad de mayor grado de complejidad, que constituido en sistema articule con el AMBA –y otros distritos- en un relativamente más equilibrado grado de paridad, aunque se trata de una desproporción cuya asimetría es de tal magnitud que resulta difícil de compensar e imposible de corregir.

    Una vez tomada la decisión de no desarrollar dentro de la jurisdicción la urbanización masiva del territorio implicada en la adhesión a un área metropolitana del volumen de megalópolis que implica el AMBA, vamos a establecer como principios básicos deseables buscar un equilibrio entre las Áreas Rurales, Áreas Urbanizadas, y Áreas Industriales o sea articular armoniosamente los tres subsistemas sin generar relaciones que puedan interpretarse como hegemónicas o asimétricas.

    En busca de ese equilibrio entre los subsistemas urbano, rural e industrial es necesario articular el subsistema geográfico con el normativo, a efectos de evitar el parcelamiento indiscriminado de las superficies del Partido, evitar subdivisiones innecesarias del territorio preservando las áreas rurales y las actividades propias de la ruralidad. En este sentido tanto el valle de inundación del río Luján como el del arroyo de la Cruz pueden resultar límites naturales que coadyuven a evitar parcelamientos y subdivisiones especulativos. El del río Luján es además el que permite evitar la fagocitosis de Campana por parte del AMBA.

    Precisamente los loteos producto de ese tipo especulativo y mercantilista de subdivisiones llevadas a cabo en el pasado han generado un desarrollo discontinuado del área urbana de la ciudad cabecera del Partido. En general esos loteos -y precisamente por estar discontinuados de la trama urbana del casco- se han vuelto barrios o localidades carentes de muchos de los servicios de infraestructura básicos y del equipamiento urbano deseable, y consecuentemente su vinculación con el casco urbano es vial intensivo. Son todas disfunciones que deben ser reparadas si una de las premisas que debemos manejar en un planteo que propicie evitar las hegemonías es que todos los ciudadanos gocen por igual de los mismos beneficios que otorga el sistema urbano.

    Por el contrario el sector islas, cuya potencialidad es inmensa, mantiene una relación laxa con la Ciudad, y la población ha ido mermando con la caída de la actividad productiva tradicional. Los servicios que reciben sus escasos pobladores resultan marginales.

    La cabecera del Partido posee los adecuados servicios urbanos aunque su excesiva concentración acusa las carencias que se manifiestan progresivamente crecientes hacia las periferias inmediatas. Esa excesiva centralización es la que obliga a una intensidad del tránsito automotor que en determinados puntos se vuelve claramente disfuncional. El esquema radio concéntrico funcional es similar al de las ciudades de la región -en este caso reforzado por la traza con presencia de diagonales concurrentes- pero ello no implica que sea lo deseable, sobre todo cuando se trata de ciudades en crecimiento y geográficamente extendidas. Precisamente ese crecimiento del centro hacia la periferia es el motivo por el cual el sistema de obra pública replica el esquema y no llega a dotar a la periferia de los mismos servicios que otorga en el área céntrica, situación poco democrática que se morigeraría en un planteo de trama reticular, en el cual las centralidades no se diluyen sino que se multiplican.

    Un claro déficit es el de los espacios verdes, recordando que para la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo deseable son de diez a doce metros cuadrados por habitante, y que lo ideal es que ningún ciudadano se encuentre a más de cuatrocientos metros de distancia de esos espacios. También cabe decir que los espacios verdes de escaso desarrollo resultan ambientalmente inocuos. La Reserva Natural Estricta de Otamendi no debe ser considerada a estos efectos por su carácter extraurbano, aunque sí se la debe computar para los barrios aledaños.

    En relación a la implantación de las industrias debe admitirse que si bien existe una sectorización y concentración hacia la periferia las dos plantas “históricas”, la destilería de Esso, hoy Axion, y el complejo industrial del Grupo Techint, han quedado adyacentes al núcleo residencial. Obviamente este es un inconveniente para el cual por el momento no existe solución. Pero sirve de ejemplo y de enseñanza de los recaudos que deben ser tomados al respecto a futuro.

    Obviamente los puertos se encuentran sobre el Paraná, aunque es importante destacar que sólo sobre la margen continental, clara señal de la desidia con que se ha tratado históricamente el sector isleño y el desaprovechamiento de su capacidad productiva. Si bien es cierto que el problema de las inundaciones existe, también es cierto que nada se ha hecho por remediarlo, existiendo soluciones.

    Es dato relevante la ubicación del eje que significa la autopista Panamericana. Si bien su traza en su momento implicó beneficios para la conectividad de la Ciudad, con el posterior crecimiento de las áreas residenciales a uno y otro de sus lados se ha constituido en una barrera urbana significativa. Algo similar aunque con menor relevancia ocurre con el ferrocarril, ramal del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, que debiendo servir a los puertos corre paralelo al Paraná e interrumpe la vinculación casco urbano-costanera. En cambio es importante el modo en el que segrega al barrio San Cayetano.

    Es de vital importancia la presencia del Complejo Zárate- Brazo largo que discurre por territorio del Partido de Campana.

    El presente programa se ha fijado una serie acotada de objetivos. Cabe aclarar muy especialmente que los objetivos propuestos no implican resultados inmediatos sino a largo plazo. Más que objetivos concretos constituyen un camino a recorrer, que debe contar con el apoyo de la comunidad, la cual debe estar claramente informada de estas circunstancias a efectos de no estimular falsas expectativas y sus consecuentes frustraciones.

    1. Garantizar el equilibrio entre los diversos subsistemas de uso territorial.
    2. Promover la adecuada articulación de los diferentes subsistemas productivos.
    3. Conservar la escala de la Ciudad incidiendo sobre diversos subsistemas.
    4. Satisfacer los requerimientos de servicios públicos y proveer equipamiento urbano.
    5. Mitigar los impactos que producen las barreras circulatorias.
    6. Reestructurar el sistema funcional sustituyendo el actual (radio concéntrico) por uno en trama reticular.
    7. Poner en valor el Sector Islas.
    8. Actuar sobre el subsistema normativo a efectos de generar una descentralización participativa.

     

    • IMPLEMENTACIÓN.

    Las medidas a implementar en función de los objetivos son concurrentes. No obstante vamos a desglosarlas en tres ítems que representen diferentes ámbitos geográficos para una mayor claridad de la exposición.

    El casco urbano.

    Llamaremos casco urbano a la ciudad cabecera del Partido de Campana. En primer lugar resulta fundamental definir los límites del ejido, o sea los límites de la Ciudad de Campana, previstos los eventuales crecimientos. Entendemos que el modo de delimitarlo es considerarlo definido en base a la continuidad de la traza, a uno y otro lado de la barrera urbana en la que se ha constituido la Panamericana, y que deberá mitigarse mediante túneles o puentes que permitan la reconstrucción de la trama, y la intervención en los cruces actuales que resultan disfuncionales, subdimensionados e insuficientes. La Ciudad cuenta con los servicios públicos y el equipamiento urbano necesario, o en cercanías, con una progresiva disolución hacia las periferias. Es preciso que se extiendan las mismas condiciones a la totalidad del ejido. Este objetivo resulta en una vastedad de tareas que requiere la intervención de contratistas y una gestión municipal centralizada. Como el objetivo final es que el esquema funcional radio concéntrico se transforme en una malla de red será importante generar las condiciones en áreas próximas a los perímetros. Ello se logra mediante la intervención en la articulación de los subsistemas normativo y económico con impacto en el subsistema físico: los indicadores urbanísticos pueden jugar aquí un rol relevante. El motivo de establecer un claro límite al ejido tiene por objetivo densificar el área urbana con las consiguientes economías en los servicios. Un crecimiento indefinido obliga a ir corriendo –siempre muy por detrás de la expansión de la mancha urbana- con la provisión de servicios, cuyos costos aumentan progresiva y proporcionalmente a medida que disminuye la densidad. La secuencia y prioridad de las obras deberán seguir un cronograma que estará condicionado tanto por los recursos disponibles como por razones de índole técnica. Entre las tareas a considerar en el espacio público es importante reproducir en el sector del casco urbano al sur de la ruta Panamericana la traza de las avenidas paralelas a la misma, pero a ambos lados deben considerarse algún tipo de transversalidades que refuercen el concepto de funcionamiento reticular de la Ciudad. Una forma de expresar este funcionamiento reticular es desarrollando los proyectos de la periferia hacia el centro, y no a la inversa, porque en este caso se estaría acentuando el carácter radio concéntrico que se pretende neutralizar, y de este modo garantizando democráticamente a la totalidad de los vecinos los beneficios de la vida urbana independientemente de su lugar de residencia en los actuales barrios periféricos o centro. Además de la reconstitución de la traza ortogonal la multiplicación de las centralidades requiere que articule como subsistema con el normativo y el institucional, a partir de la aplicación de normas e indicadores generadores, de las restricciones al dominio, los usos conformes y los indicadores urbanísticos; también el establecimiento de aquellos edificios y servicios, públicos y privados, que coadyuven a crear esta descentralización.

    En consecuencia el ámbito de Obras Públicas deberá coordinar en forma centralizada la planificación, proyecto y supervisión de obras en la Ciudad, y la intervención y colaboración en otras obras extraurbanas, que detallaremos más adelante. Además deberá fijar la política normativa, o sea articular los subsistemas de obras públicas, planeamiento y servicios públicos. La premisa debe ser que todos los ciudadanos sean servidos por igual con todos los servicios urbanos, independientemente de que se trate del centro o de la periferia. El objetivo es que los conceptos de centro y periferia se desdibujen en la trama reticular.

    El funcionamiento natural del subsistema de la obra pública no debe resultar espasmódico, sino tan cotidiano como el del funcionamiento de un hospital municipal, o el de provisión de agua corriente o electricidad a las áreas residenciales o las plantas industriales. Es imperioso contar con personal en una dependencia de servicios que sería la que se ocupa en el Corralón Municipal, abocada a las tareas de mantenimiento, con personal y equipo propios, debiendo además ocuparse del acondicionamiento y conservación de la red vial rural, aún si se implementasen consorcios camineros rurales. Queda también a su cargo la atención de la emergencia en la totalidad del territorio municipal.

    Los barrios extraurbanos.

    Es preciso definir con precisión los límites del ejido urbano en función de la continuidad de la trama urbana. Esta tarea de delimitación debe aplicarse también en los barrios cuya traza está discontinuada de la del casco céntrico, para que constituyan localidades diferentes a la de la Ciudad. Dentro de esta estrategia se puede contemplar el ensanche urbano en determinados casos particulares, pero como norma general y para reforzar la intención de preservar el adecuado equilibrio entre las áreas urbanas y rurales debería actuarse sobre el subsistema normativo a efectos de neutralizar subdivisiones especulativas de la tierra. Este concepto incluye también a las subdivisiones en propiedad horizontal fuera de los ejidos urbanizados. De este modo quedarán definidas otras localidades diferentes a la de la ciudad cabecera del Partido.

    Las localidades originadas en los barrios que quedan por fuera de la continuidad de la traza del casco urbano implican una descentralización cuyo objetivo es una más eficiente gestión inducida por la cercanía y la cotidianeidad con la problemática local, que si bien tiene rasgos comunes en todos los actuales barrios extraurbanos siempre presenta particularidades específicas. Para gestionar eficientemente la autoridad municipal deberá contar con algún tipo de asistencia local, que bien podría ser un delegado municipal o la colaboración institucionalizada de las autoridades de las sociedades de fomento, u otras alternativas que pudieren considerarse. El objetivo es que estos actores actúen como nexo, evaluando las necesidades sobre el terreno y en la cotidianeidad del contacto con el vecino.

    Un objetivo central en esta estrategia es la de descentralizar determinadas obras y tareas implementando los planes municipales e implicando a los mismos vecinos del barrio, con lo cual no sólo se generarán puestos de trabajo en la misma localidad, sino que se obtendrá una economía de flujos de traslados innecesarios, con reducción de costos, de riesgos, de tiempos. Además se fortalece el sentido de pertenencia incidiendo sobre el grado de compromiso.

    La prioridad en los barrios, y desde la óptica de la obra pública debería considerar muy especialmente las implicancias sanitarias de las zanjas a cielo abierto en las calles de tierra, que constituyen los desagües que evacuan las aguas de lluvia. Sin embargo debe reconocerse como un hecho de la realidad que ante los costos de desagote de los pozos absorbentes, sus eventuales impermeabilizaciones por grasas y jabones, suelen utilizarse esas zanjas para volcar efluentes de cocina, lavaderos y duchas, reservando los pozos –en el mejor de los casos- para la descarga de inodoro. Fue precisamente la verificación de que las aguas volcadas a cordón cuneta eran aguas servidas con contenido de materia fecal lo que motivó la construcción de colectores y planta de tratamiento de efluentes cloacales en el Barrio Ariel del Plata, durante la última gestión de don Calixto Dellepiane como intendente de Campana. El hecho de que Ariel del Plata sea un barrio de clase media confirma que el comportamiento social generalizado responde a una disfunción originada en la deficiente articulación del subsistema técnico con el subsistema sanitario. Si bien comparándola con los pavimentos -más aún si son precarios- las cloacas resultan ser una obra poco rentable en términos políticos los efectos sobre la calidad de vida son notable con implicancias en la salud, porque las zanjas mal conservadas generan estancamientos de agua por motivos varios (alcantarillas fuera de nivel, vegetación crecida que impide la escorrentía, etc.), resultan riesgosas, favorecen la reproducción de insectos y además, como ya se ha dicho, no es extraño que  reciban descargas de duchas, lavarropas y otras, inclusive de inodoro, o sea aguas contaminadas con materia fecal, todo lo cual genera que el sistema que originariamente fuese proyectado como pluvial sea fuente de olores y focos sépticos.

    Por esos motivos, una vez garantizado el alumbrado público y la energía domiciliaria el esfuerzo debe estar enfocado en la construcción de cordones cuneta sobre sub bases adecuadas, en una perspectiva de largo aliento. El cordón cuneta reemplaza las zanjas a cielo abierto y su construcción puede estar a cargo de los mismos vecinos del barrio, no así la construcción de base y sub base. La construcción de cordón cuneta según proyecto y planificación municipal (la programación es fundamental porque se deben respetar determinadas pendientes para evacuar aguas de lluvia) deberá ir acompañada de colectores cloacales y eventualmente de cañerías pluviales bajo tierra. La base deberá ser construida por la municipalidad porque implica, al igual que la sub base, la utilización de maquinaria pesada. Cada barrio debería tener su propio cronograma. Mientras tanto, y en la medida en que vayan siendo reemplazadas por cordón cuneta, cada barrio deberá tener su propia cuadrilla de mantenimiento de las zanjas a cielo abierto.

    Las necesidades de equipamiento urbano de cada una de las localidades resultantes deberán surgir del análisis pormenorizado en cada una de ellas. En los casos en los que se deba edificar siempre sería preferible la utilización de mano de obra, contratistas y proveedores de materiales locales, pero el objetivo sería, en definitiva, que cada barrio discontinuado de la traza del casco principal posea todo aquel equipamiento con el que se evite la necesidad de un traslado al casco céntrico, siempre considerando la escala (escuela, posta sanitaria, estafeta, puesto policial, oficina municipal, centro deportivo, etc.). Se debe tomar en cuenta que muchos de estos servicios no son de injerencia municipal, aunque bien pueden compartir un mismo espacio físico, articulando adecuadamente los diferentes subsistemassidad de un traslado, siempre considerando la escalael casco principal posea todo aquel equipamiento con el que se evi.

    Es evidente que los núcleos extraurbanos no pueden estructurarse en red con la cabecera atento las diferencias funcional, demográfica, productiva, institucional, que resultan excesivas entre unos y otro. Ello remite a una particularidad de los sistemas que denominaremos elementales, y es que en su naturaleza misma se estructuran de modo centralizado. Ello sucede en la concepción que tenemos de los átomos en los cuales su núcleo es orbitado por partículas de energía. Si esto se produce a escala micro también es el mismo caso que a escala macro se verifica en el Sistema Solar en el cual el Sol es orbitado por cuerpos de dimensiones radicalmente menores, o con los millones de estrellas que orbitan un agujero negro masivo en el centro de la galaxia. Obviamente estos sistemas que no pueden ser intervenidos por el accionar humano, y por ello los llamamos elementales. En el caso de las localidades extraurbanas no nos encontramos frente a un sistema elemental sino a una disfunción generada por el accionar humano, una mala articulación generalizada entre varios subsistemas, el normativo, el territorial, el mercantil, y podrían enumerarse muchos otros.

    Si bien dotar a los barrios de servicios como los indicados constituyen una descentralización que mitiga el desbalance, es real que –si no se aspira a generar una ocupación urbana total del territorio del Partido al estilo Vicente López- la articulación reticular de la cabecera no podrá llevarse a cabo con estos núcleos poblacionales menores y dependientes, sino que deberá establecerse con otros centros de la región de mayor relevancia funcional. Sin duda es la articulación con Zárate la que resulta la más inmediatamente evidente.

     La Isla.

    Es interesante constatar que mientras la mayor superficie del Partido corresponde al sector isleño es aquí donde los servicios municipales son menos significativos.

    Es fundamental crear un centro poblacional de servicios a escala, porque la autoridad municipal debe marcar presencia, recordando que todo espacio que no se ocupa se pierde o se vuelve marginal. La ubicación del mismo es materia de análisis y discusión, pero teniendo un claro acceso por tierra en el complejo Zárate Brazo Largo posiblemente ese sería un excelente emplazamiento para un acceso vial para automotores y también por ferrocarril, aunque podría evaluarse como una desventaja su ubicación poco baricéntrica dentro del Sector Islas. Para que sea económicamente viable y demográficamente estable es necesario que además de prestar servicios municipales y comunitarios sus habitantes puedan encontrar oportunidades laborales en la asistencia a emprendimientos turísticos o barrios cerrados o clubes de campo cuya construcción debería fomentarse en las proximidades.

    Un progresivo fomento de las diferentes actividades en el sector serán multiplicadores de nuevos subsistemas que finalmente generarán una demanda a medida que diferentes iniciativas vayan desarrollándose.

    Política de Movilidad.

    Debe establecerse una política de movilidad que incluya la movilidad intraurbana y la movilidad interurbana.

    La movilidad extraurbana tiene relación con el uso de la conectividad interurbana por ruta. Son aspectos a considerar los accesos a la ciudad, la transición a través de otras localidades, las vinculaciones con el Área Metropolitana, Zárate, Cardales, Capilla del Señor, Norte de la Provincia de Buenos Aires, Provincia de Entre Ríos, y las interferencias entre el sistema circulatorio y las áreas pobladas. Especial consideración merece el Tránsito Pesado.

    Otra vía de tránsito interurbano lo constituye el ferrocarril.

    La tercera vía es la fluvial y tiene especial importancia por la situación de muelles y puertos.

    Podría parecer antagónico que siendo Campana sede de una de las principales destilerías de petróleo se pretenda encaminarla hacia otras fuentes de energía menos contaminantes para la movilidad intraurbana. La realidad es que aún contando con el yacimiento de Vaca Muerta en algún momento el petróleo dejará de ser la fuente principal de energía. Resulta más fácil modificar la tecnología de la movilidad que la traza de las ciudades, y se debe ser previsor al respecto, todo esto sin dejar de considerar los efectos contaminantes de las diferentes fuentes de energía.

    Una ciudad estructurada en trama reticular puede ser más eficiente ahorrando desplazamientos, y las consecuentes economías de energía y tiempo. Ello puede facilitar fortalecer el concepto de que la ciudad es para los ciudadanos, y que el transporte vehicular de cargas o pasajeros, público o privado, es consecuencia del desarrollo territorial extendido, con consecuencias de contaminación sonora, del aire, riesgo de siniestros, demanda de espacios para circular y para estacionar; todos los ciudadanos somos peatones, aún los que ocasionalmente somos automovilistas. Por lo tanto la reducción del tránsito vehicular, su progresiva sustitución por vehículos no contaminantes, la adecuación de un servicio de transporte público de calidad, la generación de peatonales, senderos para peatones o ciclistas, corredores verdes, deben ser prioridades para la movilidad intraurbana.

    Política de Aguas.

    Es imperioso que se controle la calidad del agua del servicio público de distribución de aguas corrientes. Una evaluación que debe llevarse a cabo es el porqué recurrir a perforaciones del acuífero Puelches cuando se puede contar con una fuente inagotable como es la del Paraná. Se ha argumentado que el Glifosato es arrastrado desde los campos contaminando el Río. Una planta de potabilización es no sólo la instancia para neutralizarlo sino también una fuente de control y una excelente instancia para articular subsistemas técnicos, académicos, científicos, públicos y privados.

    Aprovechamiento del Paraná.

    El río presenta múltiples oportunidades de aprovechamiento: Ambiental, recreativo, generador de energía, transporte fluvial, fuente de recursos, fuente de aprovisionamiento. Muchas de estas actividades están fuera de la jurisdicción municipal. Sin embargo, reiterando la posibilidad de articulación de un subsistema municipal con otras instancias jurisdiccionales puede resultar en la generación de mayores outputs y economías energéticas de los subsistemas referidos, que satisfagan no sólo los procesos metabólicos de la ciudad entendida como organismo, sino que generen beneficios a la sociedad que la constituye.

     

  • Subsidios al transporte: reflexiones para el 2019

    Subsidios al transporte: reflexiones para el 2019

    Por Ernesto A. Frúgoli

    En el año 2017 las provincias junto con la Nación firmaron el Consenso Fiscal, en el cual se comprometieron no sólo a reducir los gastos sino a hacerse cargo de erogaciones que hasta el momento eran enfrentadas por el gobierno nacional. Durante el 2018 el gobierno, luego del acuerdo con el FMI, se propone alcanzar el déficit fiscal cero. Con esta premisa se elaboró el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2019, y con ello, una de las partes de impacto en términos fiscales para las jurisdicciones provinciales era la quita de subsidios al transporte.

    El Presupuesto 2019 cuenta con dos artículos claves en lo que a subsidios al transporte se refiere. Específicamente el artículo 115 que no sólo deroga un párrafo del Decreto 652/2002, a través del cual se facultaba a la ex Secretaría de Transporte a para celebrar convenios con autoridades provinciales y/o municipales para incluir en el SISTAU líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones. Sino que además deja sin efecto los convenios ya suscriptos.

    Ahora bien, qué es el SISTAU y qué implica la aplicación del artículo antes mencionado. El Decretos Nº 652/ 2002 modificó la estructura del SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (SIT), incluyendo en el mismo el SISTEMA VIAL INTEGRADO (SISVIAL) y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE (SITRANS), mientras que este último quedó conformado por el SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), encontrándose éste a cargo de las compensaciones tarifarias para el transporte público de pasajeros automotor de carácter urbano y suburbano.

    Asimismo, el Decreto 678/2006 estableció un Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) al SISTAU destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA [1]. Luego, a través del Decreto 98/2007, previo reclamo de las provincias, se conformó el fondo de Compensaciones Complementarias a las Provincias (CPP) destinado a compensar los mismos incrementos de costos, pero para las empresas que prestan servicios en las Provincias. Ambos fondos se distribuyen a través del SISTAU.

    Por tanto, la eliminación de los convenios firmados con las provincias implicaría que las mismas dejarán de percibir los fondos para subsidiar las tarifas a través del SISTAU.

    Cabe destacar, que se mantiene el acuerdo de suministro de gasoil a precio diferenciado.

    En el siguiente cuadro se detalla la distribución del SISTAU durante el año 2018 desagregado por provincia. Además, se muestra el monto correspondiente al AMBA y a lo que, el Ministerio de Transporte, llama Jurisdicción Nacional que en su mayoría corresponde también al AMBA.

    Para mitigar el costo de las provincias, el artículo 125 del Presupuesto Nacional 2019 crea el FONDO DE COMPENSACIÓN al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país por $6.500 millones. De los cuales $1.500 millones están destinados a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones que reciben al 31 de diciembre de 2018 compensaciones por parte del Estado nacional. La asignación de los criterios de distribución queda reservada para el Ministerio de Transporte. Mientras que los restantes $5.000 millones serán distribuidos a aquellas jurisdicciones que no son beneficiarias de la compensación por atributo social interior, como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las compensaciones abonadas por el Estado nacional tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y su Compensación Complementaria Provincial (CCP), como asimismo en concepto de combustible, durante el período anual 2018. La distribución de este fondo se realizará de acuerdo a la participación de cada una de las jurisdicciones, sin considerar los montos liquidados en el marco de la compensación por atributo social, respecto del total de compensaciones abonadas por el Estado nacional a la totalidad de dichas jurisdicciones en el año 2018.

    Ahora bien. Cómo se implementará este fondo en la práctica y cuál será el costo fiscal final para las provincias no está muy claro todavía. Específicamente, durante el año 2018, por SISTAU se distribuyeron $11.503 millones. De este monto, $ 4.079 millones corresponden a la jurisdicción nacional (es decir aquellas líneas urbanas cuyas trazas cruzan más de una jurisdicción) y $3.313 millones al AMBA, cuya distribución no se vería afectada por la nueva normativa. El resto se distribuyó entre las provincias.

    Si al total distribuido le restamos el monto de AMBA incluyendo a la Jurisdicción Nacional al total distribuido, el total de 2018 fue de $8.189 millones, por lo tanto, el Fondo de Compensación es un 61% de dicho monto.

    La distribución de los $5.000 millones correspondientes al Fondo de Compensación se realizará de acuerdo con la participación de las provincias en el monto total. En el cuadro precedente se pueden observar los valores a recibir por las jurisdicciones.

    El Fondo de Compensación comenzó a regir en enero de 2019. A la fecha, si bien hay publicaciones oficiales, éstas son preliminares. De todas maneras, en el cuadro anterior se realizó la comparación entre lo recibido por las provincias a través del SISTAU en el primer trimestre del año 2018 y lo distribuido vía Fondo de Compensación a la fecha.

    El Fondo lleva distribuido $990,8 millones, mientras que el SISTAU registró transferencias el primer trimestre de 2018 por $703,23 millones. Esto es un 40,9% de incremento que se encuentra en términos reales por debajo de la inflación interanual que asciende a 54,7%.

    Por su parte, el SISTAU continúa distribuyendo fondos en el AMBA. A continuación, se exponen los montos recibidos durante el primer trimestre de 2018 y 2019 (datos preliminares).

    Como vemos en la gráfica la distribución del subsidio en el primer trimestre del 2019 ha tenido un incremento para el AMBA, teniendo en cuenta las trazas de los colectivos que cruzan de CABA a provincia de Buenos Aires, del orden del 80,3% que supera en términos reales a la inflación interanual del trimestre en 25,3 puntos porcentuales.

    Teniendo en cuenta las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, de no realizar aumentos tarifarios para el transporte en lo que resta del 2019, será importante analizar la evolución de estos subsidios con el objeto de evaluar su impacto en el logro de obtener el equilibrio fiscal para este año.

     

    [1] Transporte Metropolitano Ley 25.031 – Art. 2° -El área metropolitana de Buenos Aires, comprende el territorio de la Capital Federal -o la designación que en el futuro la autoridad competente le diera a dicha jurisdicción- y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y los que en el futuro deban ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano cuando las relaciones funcionales del área así lo requieran.

  • Gobiernos Locales con la mira en el Financiamiento Climático: Estado de Situación, Desafíos y Oportunidades

    Gobiernos Locales con la mira en el Financiamiento Climático: Estado de Situación, Desafíos y Oportunidades

    Por Carlos Amanquez

    Las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. En ellas se generan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales y asimismo, es en sus territorios dónde se evidencian en mayor medida los impactos del cambio climático. Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de mejora las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación.

    La creciente relevancia que las ciudades han adquirido a nivel internacional, en particular vinculada al cambio climático, tuvo como hito la reunión de mil gobiernos locales del mundo en la antesala de la COP 21 de París, donde se reunieron para debatir y proponer políticas y compromisos locales que los preparen para un mejor abordaje de las consecuencias y desafíos que depara el cambio climático.

    Fue también en el COP21 dónde se destacó el papel de las ciudades “como lugares donde la lucha por mitigar el cambio climático se ganará o perderá”. En este sentido, la acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales acordados en las negociaciones internacionales en materia de cambio climático.

    Un dato a destacar es que, tan sólo en Argentina el número de gobiernos locales  asciende a un total de 2.306, cifra que expandida a nivel macro regional (América Latina y Caribe) supone un universo de 16.000 gobiernos locales.

    El alcance global del cambio climático, sus impactos en el territorio, los procesos de desarrollo y las formas de vida, junto con la necesidad de abordar soluciones acordes a la escala del problema planteado, han derivado en el surgimiento de un régimen internacional de financiamiento vinculado a las políticas y estrategias que mejor aborden esta problemática. Cuenta de ello da la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y su enmienda de Doha, y el Acuerdo de París, anteriormente citado.

    Actualmente, los gobiernos locales de América Latina y Caribe se encuentran en un proceso de adquisición creciente de responsabilidades de gestión, ejecución y planificación, facilitado principalmente por los procesos de descentralización administrativa y territorial operados en los niveles territoriales de mayor escala que integran. Ello se constituye en un importante avance, no sólo considerando que la región resulta particularmente vulnerable ante efectos del cambiamiento del clima, sino también porque se observa en éste fenómeno todo un proceso de transformación de las relaciones internacionales, en dónde las ciudades se agrupan en redes globales con el objetivo de aumentar su influencia.

    Es precisamente a través del financiamiento para el cambio climático que las ciudades han adquirido un posicionamiento significativo, traduciendo a escala local los desafíos globales, y potenciando sus agendas temáticas a través de la articulación con instituciones y redes interjurisdiccionales.  Ello les ha permitido acceder a importantes fuentes de recursos y aportes económico-financieros con independencia de gobiernos nacionales y provinciales.

    De este modo, las ciudades y metrópolis han cumplido un importante rol como catalizadoras de los grandes esfuerzos de los principales organismos internacionales -destacándose los núcleos urbanos de más de 500.000 habitantes-, constituyéndose en la práctica en el correlato empírico del concepto de cooperación internacional descentralizada, y beneficiándose del abordaje conjunto de problemáticas análogas con ciudades de escala similar.

    En efecto, han demostrado responsabilidad y capacidad como unidades garantes del crédito destinado a intervenciones locales frente al cambio climático, temática que despierta un amplio interés en funcionarios públicos de todos los niveles. A ello han contribuido factores específicos, tales como la propiedad de bancos locales y la estrecha vinculación que en las comunidades se verifica entre instancias de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada, situación que les allana el camino para que poder ser calificadas como potenciales socios frente a la acción climática por los organismos internacionales de crédito.

    Paradójicamente, pese al creciente fortalecimiento de los de los gobiernos y comunidades locales como protagonistas fundamentales de la lucha contra el cambio climático, todavía restan enormes desafíos en relación a la escasa o nula participación de los mismos respecto de los fondos gestionados a nivel nacional, así como también en los proyectos presentados en las distintas temáticas para su financiamiento. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de que los agentes y gobiernos locales se involucren en la adquisición de capacidades y herramientas para la gestión de recursos disponibles desde la cooperación internacional para su aplicación directa a nivel local.

    En este sentido, la nueva gobernanza local con relacionamiento global impone a los tomadores de decisiones la necesidad de enfocar sus esfuerzos en la atracción de inversiones, la obtención de préstamos y la participación en fondos externos que permitan ampliar el patrimonio presupuestario propio, consiguiendo mejorar, ampliar e incluso innovar en políticas, acciones y programas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático de manera concreta y efectiva.

    Actualmente el financiamiento climático brindado de forma directa a los gobiernos locales es de escasa significatividad. En ese sentido, los esfuerzos en la gestión local se centran en la articulación interjurisdiccional en procura de un marco político, institucional y legal que legitime la intervención de los gobiernos locales en la obtención de fondos de cooperación internacional de forma directa, y la utilización de mecanismos económicos y financieros que no requieran de la intervención o aval de los gobiernos nacionales.

    Todavía, para los gobiernos locales el acceso a fondos o financiamiento climático tampoco representa una empresa sencilla. La mayoría desconocen las implicancias de la participación en dichos procesos, como así también los mecanismos, sistemas, formas, montos y herramientas que permiten el acceso a los mismos. En general, estos gobiernos desconocen o se vinculan de forma indirecta con los mecanismos financieros vigentes, tanto a nivel nacional como internacional.

    Para revertir este panorama, se torna imprescindible entonces dotar a los gobiernos locales de las herramientas técnicas, administrativas y financieras que les permitan contar con información fehaciente respecto a líneas, destinos y montos de financiamiento disponibles, requisitos específicos de los organismos crediticios, y capacidades propias para  integrarse a los esfuerzos nacionales en el diseño e implementación de una efectiva política nacional de cambio climático que sea coherente con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y que permita avanzar hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y con una mayor resiliencia al clima. Para ello resultará fundamental además el involucramiento y la articulación con organizaciones de la sociedad, otro engranaje fundamental para el fortalecimiento de la gobernanza climática local.

    Finalmente, la gran variedad de instrumentos financieros disponibles, cuyas operatorias resultan aún desconocidas para la mayoría de las ciudades, como el mencionado fideicomiso que impulsa la RAMCC, por ejemplo, ponen de manifiesto el potencial existente para los gobiernos locales en cuanto a su posicionamiento internacional. Las ciudades son motores del progreso económico y grandes centros de innovación que sin duda pueden contribuir a la mejora de la capacidad de adaptación y a la sostenibilidad de cara a los desafíos anteriormente mencionados, y allí la RAMCC está llamada a cumplir un rol fundamental como puente de acceso a aquéllas importantes fuentes de financiamiento.

     

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    ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOSMECANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y FONDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

    IDENTIFICACIÓN DE AGENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
    QUE TIENEN LÍNEAS DE ACCIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

    https://actionlac.net/ramcc/#

  • Hacia una movilidad sustentable

    Hacia una movilidad sustentable

    El futuro de América Latina es urbano y el sistema de transporte público se convierte en un elemento definitorio de las dinámicas de desarrollo en las ciudades.

    En la actualidad, la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de desarrollo urbano. Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se estima que ese porcentaje llegará a cerca del 90% en las próximas décadas.

    Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión social y luchar contra la pobreza se concentran en atender a las poblaciones residentes en las grandes ciudades.

    La movilidad urbana es entonces un factor determinante, tanto para la productividad económica de la ciudad, como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación.

    Pero la gestión del desarrollo urbano es una tarea compleja que involucra múltiples niveles de gobierno, así como diversas instituciones públicas y privadas.

    Por eso, y para lograr resultados óptimos en esta materia, los expertos sugieren:

    • Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana.
    • Promover el intercambio de información  y buenas prácticas entre sistemas de transporte y sus ciudades
    • Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades, asociaciones y usuarios.

    El interrogante que se plantea entonces tiene que ver con cómo aprovechar las oportunidades que brindan las ciudades en términos de empleo y calidad de vida.

    Una mejor gobernanza metropolitana podría empezar a brindar las respuestas necesarias, y de esta manera poder llevar adelante mejoras en la planificación y regulación del uso del suelo, la movilidad y el transporte, el acceso a vivienda y servicios básicos, entre otros.

    Estudios de movilidad

    El informe del Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina, una herramienta cuyo propósito es suministrar información relevante de los sistemas de transporte público de países de la región, concluye que los sistemas de transporte urbano masivo en la región se han convertido en oportunidades para lograr avances importantes en la inclusión de los ciudadanos que habitan en las ciudades.

    Estas conclusiones están desarrolladas en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2017 de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-  titulado “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina”, cuyo lanzamiento regional se realizó en la ciudad de Bogotá.

    El trabajo indica que, mientras que menos del 10% de los habitantes del mundo (cerca de 900 millones de personas) vive en asentamientos informales, en América Latina la cifra se ubica entre 20% y 30%.

    Es así como muchas ciudades de la región se caracterizan por la prevalencia de altos niveles de informalidad de vivienda que, junto con la informalidad del transporte público, limitan el acceso a oportunidades de trabajo formal a un porcentaje grande de sus habitantes. Esta “triple informalidad” (en vivienda, transporte y empleo) es en buena medida responsable de los bajos niveles de productividad y bienestar observados en las urbes latinoamericanas.

    La capacidad de las ciudades de mejorar el bienestar de sus habitantes depende en forma crucial de la política pública y de la manera como ésta logre aprovechar los beneficios económicos de la urbanización, disminuyendo sus costos sociales. La accesibilidad juega un papel determinante para alcanzarlo.

    “Una ciudad accesible reduce las distancias reales entre las personas y las empresas y potencia los beneficios de la aglomeración. Para lograrlo se necesita integrar la planificación y regulación de uso de suelo con infraestructura de movilidad, políticas de compensación por uso de vehículos privados y un mercado flexible de vivienda, articulados por una coordinación de estas políticas a nivel metropolitano eficiente, que al final redunde en un mayor bienestar y desarrollo de las ciudades”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.

    El RED 2017 enfatiza tres dimensiones fundamentales que están íntimamente integradas: el uso y la regulación del suelo, la movilidad y el transporte, y el acceso a vivienda y servicios básicos. Además, la forma de asegurar la integración entre estas dimensiones de política en el espacio metropolitano es a través de esquemas de gobernanza metropolitana, que tomen en cuenta la necesidad de coordinación en los ámbitos territorial y sectorial.

    Uso de suelo

    Las ciudades de América Latina presentan un uso más intensivo del suelo urbano que las urbes de países desarrollados. Una de las razones por las que la mayoría de las ciudades de la región no han podido aprovechar las ventajas de su relativamente alto nivel de urbanización es la inadecuada infraestructura, tanto de transporte como de servicios públicos.

    La escasa infraestructura, sumada a regulaciones restrictivas de uso del suelo, no ha permitido que las urbes de la región puedan absorber los flujos migratorios expandiendo su tamaño de forma ordenada, de manera que se facilite el acceso a las oportunidades económicas que ofrece la ciudad.

    Transporte

    Las dificultades de movilidad impiden que las personas accedan a los mejores empleos y que las empresas contraten la mano de obra más preparada, disminuyendo así la productividad de toda la ciudad.

    Según la encuesta reflejada en el Reporte de Economía y Desarrollo, el latinoamericano promedio tarda 40 minutos desde su casa al trabajo (sin contar el tiempo de retorno).

    En ciudades como San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Lima una cuarta parte de la población emplea por lo menos una hora al día para llegar a su trabajo.

    En este sentido, el RED enfatiza que la política pública debe crear mecanismos para que quienes imponen costos sobre la sociedad con su comportamiento (ej. uso del automóvil en horas pico), lo compensen pagando en proporción al daño causado.

    “En el RED se discute un conjunto extenso de políticas que buscan mejorar la accesibilidad urbana mediante la reducción de los costos de congestión de las ciudades regulando el uso de vehículos privados a través de impuestos a la congestión, programas de restricción vehicular (pico y placa), tarifas diferenciadas en autopistas e impuesto al combustible. El éxito de este tipo de iniciativas debe ir de la mano de una mayor cobertura del transporte público, así como de la calidad del servicio prestado para fomentar su uso”, explicó Pablo Sanguinetti, director corporativo de Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF.

    Congestiones, embotellamientos y accidentes son parte del panorama cotidiano que presentan las arterias urbanas de Buenos Aires, colapsadas por la creciente cantidad de automóviles, una tendencia que parece no dejar de incrementarse.

    Hace algunos años, las grandes ciudades del mundo tomaron nota de esta problemática y dedicaron sus esfuerzos en el sentido de apostar por un transporte público rápido, seguro, eficiente y sustentable, que desaliente el uso particular del auto para desplazarse por los centros urbanos.

    Buenos Aires tiene la oportunidad de iniciar ese proceso, de llevar adelante el cambio que permita dejar de considerar al automóvil como el dueño de la calle, para favorecer un sistema multimodal de transporte. De esta manera, se logrará agilizar el movimiento de las miles de personas que circulan diariamente por la ciudad.

    Con relación a otras ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires tiene la ventaja de contar con un rico patrimonio de ferrocarriles suburbanos y subtes, y un elevado porcentaje de viajes en trasporte público, en comparación con otras urbes de la región.

    El desafío consiste entonces en lograr que la multimodalidad, es decir la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte, sea central y estructural como forma de desplazamiento.

    Vivienda

    El lugar de residencia en relación a localización del empleo, servicios básicos y lugares de esparcimiento (espacios públicos, teatros y estadios) es fundamental para acceder a las oportunidades de la ciudad.

    En América Latina, las medidas sobre asequibilidad muestran que la vivienda está fuera del alcance de los presupuestos de muchas familias. Un apartamento de 50 metros cuadrados podría consumir 30 años de ingresos promedio en varios países.

    Para revertir esto se requiere flexibilizar la oferta inmobiliaria, simplificar el marco regulatorio de uso del suelo y estándares de edificación, agilizar los procesos burocráticos de permisos de construcción y registros de propiedad.

    Además, por el lado de la demanda se requiere una mayor generación de ingresos y fomentar el acceso al crédito hipotecario. Flexibilizar el mercado de alquiler es otra opción para acceder a viviendas de calidad. Un mercado formal eficiente promueve en el mediano plazo la reducción sostenible de asentamientos informales.

    Gobernabilidad

    El éxito de las intervenciones en áreas como el uso del suelo, la movilidad y el mercado de vivienda depende en gran medida de la gobernanza metropolitana.

    Las ciudades deben contar con arreglos institucionales que permitan la formulación e implementación de políticas de manera eficiente y eficaz, mediante procesos de toma de decisiones transparentes y participativos, y por lo tanto legítimos.

    Esto es importante porque en la formulación e implementación de políticas usualmente participan instituciones de diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

    Una buen gobernanza metropolitana descansa en tres pilares. Por un lado el balance entre la complejidad de los problemas a atender y el arreglo institucional que se diseña para tal efecto. Segundo, los recursos financieros y humanos con que puede contar y tercero su legitimidad política (rendición de cuenta ante el ciudadano).

    Se requiere de fortalecimiento institucional y de capacidades estatales a nivel metropolitano para coordinar más y mejores políticas y llevar a las ciudades latinoamericanas a un nuevo equilibrio, donde predominen las ventajas de la aglomeración y así lograr ciudades más productivas y con mayores niveles de bienestar para sus habitantes. En síntesis, ciudades con una mayor accesibilidad.

    El trabajo que realiza el Instituto de Ciudadanía Metropolitana apunta a contribuir en este sentido, promoviendo el cambio cultural que permita afianzar una gobernanza para el área metropolitana.

    Se trata de impulsar ámbitos fértiles para la interacción y el acuerdo entre funcionarios públicos y sociedad civil, para de esta manera generar oportunidades de colaboración con el objetivo de solucionar los problemas de los ciudadanos.

    De esta manera, se podrán construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios que sustenten un modelo de equilibrio territorial y de desarrollo sustentable que permitan el ejercicio de derechos en forma equitativa.

    Por Leticia Piris.

  • Porqué dividir La Matanza

    Porqué dividir La Matanza

    Desde hace años, autoridades gubernamentales, políticos, juristas, referentes sociales, y vecinos discuten la necesidad de dividir el territorio del actual Partido de la Matanza en la Provincia de Buenos Aires, con el fin acortar las distancias que existen entre el gobierno municipal y sus habitantes, ante la imperiosa necesidad de afrontar con mayor eficacia los graves problemas que padece uno de los distritos más pobres de la Argentina.

    El régimen legal argentino ha establecido que el Municipio es la organización estatal más próxima a la comunidad, configurado en torno a un espacio geográfico delimitado, y cuya responsabilidad primaria es gestionar la planificación del espacio público local, el mantenimiento de calles, alumbrado público, espacios verdes, limpieza y recolección de residuos, sanidad, asistencia social, moralidad, y cultura, entre otras.

    El modelo territorial de la Provincia de Buenos Aires se estructura sobre la base de Partidos sobre los cuales se asienta un Municipio, independientemente de la cantidad de habitantes que posea y de la existencia en ese territorio de una o varias aglomeraciones urbanas o poblaciones dispersas. La cantidad de habitantes y la superficie de los municipios bonaerenses presentan una composición disímil y sin un criterio uniforme.

    No es intención de este trabajo, analizar cuál sería la cantidad mínima de habitantes que debe poseer un municipio para que el mismo resulte lógicamente sustentable y que sus gastos administrativos (intendente, concejales, empleados, etc.) no absorban la totalidad de los ingresos que deben ser destinados al asfalto de calles, la construcción de cloacas, el mantenimiento de espacios verdes, escuelas, salas de atención medica primaria, limpieza urbana y manejo de residuos, control de salubridad, entre las competencias mínimas que tienen como misión atender. En algunas provincias estas situaciones se encuentran reguladas y producen el cambio permanente del mapa de la organización política territorial en la medida que se incrementa la población local.

    Ahora bien, la otra cuestión a dilucidar, tan o más relevante que la anterior, es cuál es la cantidad máxima de habitantes que debería poseer un municipio a los efectos de asegurar los servicios y funciones mínimas que debe brindar a toda la comunidad, así como encarar también los nuevos desafíos de gestión que enfrentan las comunas, como la de convertirse en agente y promotor del desarrollo local, la inversión privada, el empleo, la seguridad, y atender la creciente demanda social, entre otras.

    Y resulta ser La Matanza ese caso paradigmático, ya que se ha convertido en el Municipio más grande de toda la Argentina en cantidad de habitantes, ubicándose por encima de la gran mayoría de las provincias a excepción de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, pero con el adicional que el 40 % de sus vecinos son pobres, siendo este uno de los índices más alto de todo el país.

    La Matanza posee 330 kilómetros cuadrados y es el municipio más extenso del Gran Buenos Aires (solo superado por Tigre y San Fernando ya que se le computan territorios isleños deshabitados), en donde se asientan 114 villas y barrios precarios, abarca los tres cordones del conurbano desde el primero, segundo y tercero, partiendo de la Avenida General Paz hasta Cañuelas. Más de la mitad de sus calles no están asfaltadas, y si bien el 89 % de la población del Municipio tiene agua potable, solo el 57 % está conectado a la red cloacal[1].

    En su edición del 18 de junio de 2017, el Diario La Nación define a La Matanza como un territorio “Caótico, multifacético, intimidante, la matanza es, como otros distritos del conurbano (Quilmes, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora), un monumento a la marginalidad y la decadencia. Y a la disparidad. De los grises monoblocks sobre la General Paz a los barrios residenciales de Ramos Mejía; del flamante Metrobus de 16 kilómetros sobre la Ruta 3, a las tinieblas de la Villa Puerta de Hierro, en Isidro Casanova; del febril enclave boliviano de Villa Celina, pegado a la Autopista Ricchieri, a descampados convertidos en basurales sobre la Ruta 1001, en González Catán; de la calma provinciana de Aldo Bonzi al estallido comercial del centro de Gregorio de Laferrère, todo tiene lugar en este partido, gobernado sin interrupciones por el peronismo desde 1983. Su intendenta es la ultrakirchnerista Verónica Magario (FPV), activa opositora a Macri y heredera de una de las mayores maquinarias de clientelismo político del país”[2].

    Hasta los años ´90, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estaba integrada por la Ciudad de Buenos Aires y  19  partidos del Gran Buenos Aires. Fue a partir de 1994, cuando desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se impulsó el Proyecto Génesis 2000 que permitió la división de algunos municipios y el surgimiento de nuevos, alcanzando a 25 por la partición de General Sarmiento en José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, el de Esteban Echeverría en Ezeiza y Esteban Echeverría, la división de Morón en Ituzaingó, Hurlingham y Morón y la creación de Presidente Perón[3].Si bien no puede imputarse exclusivamente la responsabilidad política de la actual situación social de La Matanza a sus autoridades aunque la realidad demuestre una indudable impericia de sus jefes comunales, lo cierto es que su desmedido crecimiento poblacional y los alarmantes índices de inequidad social que presenta, se relacionan con causas más profundas como la inestabilidad socio económica de la Argentina de los últimos 40 años, y en su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, que le permite a su habitantes estar cerca del mayor polo económico del país

    El Proyecto Génesis 2000, impulsado por el entonces Gobernador Eduardo Duhalde, proyectaba dividir también el Partido de Lomas de Zamora en dos y el de la Matanza, del cual saldrían tres nuevos Municipios denominados La Matanza (residual), Eva Perón y Juan Manuel de Rosas. De más está señalar que esta iniciativa en particular no logró reunir los consensos necesarios dentro del peronismo de la Provincia de Buenos Aires, que domina la Legislatura provincial en sus diferentes variantes desde el año 1987 a la fecha.

    El Diario La Nación titulaba el 19 de mayo de 1988 una nota que decía “Duhalde pierde aliados por su intento de dividir municipios”, en tanto en el cuerpo de la noticia se señalaba que “La anunciada división de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Matanza -transformada en vedette- desató una pulseada política, con fuertes apuestas en favor y en contra. El martes último, el gobernador Eduardo Duhalde adelantó que en forma inminente entrarían en la Legislatura los proyectos de división de los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza y algunos del interior provincial, propuestas en las que, se dijo, trabajan desde hace bastante tiempo. El distrito que comanda políticamente el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Pierri, se ubicó en el ojo de la tormenta y puso a todos a sacar cuentas acerca de la cantidad de manos que podrían levantarse en las dos cámaras de la Legislatura bonaerense para apoyar o hacer fracasar el proyecto separatista”.

    Desde aquellos años hasta la fecha han pasado dos décadas sin que las varias iniciativas por dividir el territorio de La Matanza prosperen.

    En 2016, un nuevo proyecto del Diputado bonaerense Marcelo Diaz (GEN) volvió a poner en agenda la necesidad de debatir, al menos, la división del territorio de la Matanza, el que cobró relevancia al recibir el apoyo de la flamante gobernadora Maria Eugenia Vidal. Sin embargo, el proyecto perdió estado parlamentario y es nuevamente en el transcurso de este año 2018, cuando otro diputado que responde a Cambiemos, Mauricio Vivani, presentó otra iniciativa en el mismo sentido.

    Tanto el proyecto de Diaz como el de Vivani, plantean partir la Matanza en 4 Municipios: La Matanza, Los Tapiales, Gregorio de Laferrere y Juan Manuel de Rosas.

    Si la división fuera aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de habitantes sería Gregorio De Laferrere con 539.470 habitantes e integrado por las localidades de Isidro Casanova, Rafael Castillo y Laferrere.

    Luego le seguiría Juan Manuel De Rosas con 371.451 e integrado por las localidades de González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio.

    En tercer lugar se ubicaría Los Tapiales con 348.894 habitantes y seis localidades: Lomas del Mirador, La Tablada, Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Villa Madero y Ciudad Celina. Y por último La Matanza con 2888.555 habitantes y  conformado por San Justo, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga.

    En los fundamentos del proyecto de Mauricio Vivani, se señala que: “Su amplio territorio y su alta densidad poblacional (5440,8 hab/km2) refleja un fenómeno social que impulsa a la división del mismo, a partir del reclamo histórico de los habitantes de las localidades más alejadas de la cabecera del partido, quienes se encuentran en una situación menos favorable respecto a los servicios públicos esenciales y sufren la desigualdad en todos los aspectos (…) Con esta propuesta de división del partido de La Matanza se trata de resolver una problemática de ordenamiento territorial, eliminando ciertas limitaciones en los recursos disponibles del municipio, para que de esta forma se puedan satisfacer las necesidades básicas de una comunidad olvidada a partir de la creación de nuevos entes municipales más chicos y con menos habitantes, acercando el estado a la gente, propiciando un mejor manejo y control de los recursos del estado al haber mayores controles, y en definitiva beneficiando a las personas que habitan dichos territorios”.

    No hace mucho, el 10 de septiembre de 2016, en oportunidad de tomar estado público el proyecto del Diputado Diaz, el ex Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Gómez Coronado, escribió una nota de opinión en el Diario Página 12 titulada “El Tamaño Importa?” en la cual planteaba el interrogante respecto de si los criterios para la división territorial de La Matanza se basaban exclusivamente en cuestiones demográficas, o si también se había analizado la sustentabilidad social de los nuevos distritos a crear. Allí Gómez Coronado decía que: “Otro tema no menor, además de los parámetros demográficos, tiene que ver con la sustentabilidad de los nuevos entes políticos. Y si bien en este tópico hay un claro consenso interpartidario sobre la necesidad de contar con sustentabilidad financiera fiscal, no existe tal consenso técnico a la hora de establecer parámetros de sustentabilidad social para los nuevos municipios. De hecho están quienes proponen nuevos partidos en función de la homogeneización o características sociales de los vecinos. De todas las experiencias de subdivisión la que más se aproxima a la realidad matancera fue la partición de General Sarmiento en 1994. Se creó un distrito claramente residencial y comercial como San Miguel, otro con algo de industria y de servicios (Malvinas Argentinas) y un tercero que se convirtió en un municipio dormitorio con gran parte de población en la indigencia, como José C. Paz”.

    Mientras algunos sectores del peronismo bonaerense rechazan cualquier propuesta de dividir La Matanza por considerarla una iniciativa que les resta poder territorial, no caben dudas que si su eficacia en la gestión municipal hubiera resuelto los graves problemas que padecen sus habitantes desde hace décadas, este debate no se hubiera vuelto a repetir reiteradamente.

    La Matanza actual es inviable por donde se la mire. La mezquindad de impedir su trasformación en nuevos municipios se ha prolongado por más de dos décadas, y tal negativa solo puede entenderse como el victoria de los intereses corporativos de un sector de la política por sobre el bienestar de la gente.

    El debate está nuevamente abierto. Tal vez esta sea la vencida.

    Por Martín Scotto.

     

    [1] http://chequeado.com/ultimas-noticias/magario-en-la-matanza-el-50-de-la-poblacion-no-tenia-agua-potable-nosotros-le-dimos-al-95/

    [2] https://www.lanacion.com.ar/2034631-la-matanza-una-argentina-marginal-y-feroz-en-el-corazon-del-conurbano

    [3] En la actualidad, se considera que el AMBA está integrada por la Ciudad de Buenos Aires y  40 partidos de la Provincia de Buenos incluyendo a Escobar, Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, Cañuelas y San Vicente, La Plata Berisso y Ensenada, entre otros.