La sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en aquel histórico 1 de octubre de 1996 —tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (art 129)—constituyó un hito institucional que permitió consagrar nuestra autonomía y mayoría de edad para regir nuestro destino como ciudadanos orgullosos de la Ciudad Capital de la República Argentina.

Principales beneficios y logros:

1. Autonomía política e institucional

-Elección Directa: Se consagró la elección directa del Jefe de Gobierno, Vicejefe y Legisladores mediante el voto popular en reemplazo del Intendente designado por el Presidente de la Nación.

-Poder Legislativo y Judicial independiente: Se creó la Legislatura porteña en reemplazo del antiguo Consejo Deliberante y se constituyó el incipiente Poder Judicial de la CABA (con fuero Contencioso Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas).

2.- Descentralización y creación de las Comunas:

-Creación del Sistema Comunal (Ley 1.777) que dividió la Ciudad en 15 Comunas en reemplazo de las 28 circunscripciones, permitiendo la descentralización de servicios públicos y la participación ciudadana directa mediante Comisiones de Participación Comunitaria.

3.- Mecanismos de Participación Ciudadana Directa:

-Consagración de la Iniciativa Popular, el Referendum, la Consulta Popular y la Revocatoria de Mandato para remover autoridades.

4.- Ampliación de derechos a la vanguardia del constitucionalismo:

-Un Catálogo Garantista en derechos sociales, ambientales y culturales consagrados (Arts 20 a 33), gratuidad en el sistema de salud estatal, derecho a la educación, defensa del patrimonio ambiental e inclusividad social, que debió ser acompañado con regulaciones normativas que le den sustento presupuestario, para no ser una simple enunciación de principios.

-Consagración explícita de principios de no discriminación y perspectiva de género.

5.- Traspaso progresivo de competencias:

-En materia de seguridad, derivó en la transferencia de la Policía Federal y la creación de la Policía de la Ciudad.

-Traspaso paulatino de servicios públicos, transporte urbano e inspecciones locales.

Asignaturas pendientes y desafíos:

1- Autonomía judicial incompleta (transferencia de la Justicia Nacional):

-Continúa pendiente el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria (Civil, Comercial, Laboral y Penal) al fuero local, debido al histórico freno normativo impuesto por la denominada “Ley de Garantías” (Ley 24588) y los inconvenientes de evitar superposiciones de juzgados y competencias con la Justicia Nacional.

2-Gestión de Infraestructura Estratégica y Bienes Nacionales:

-Retención por parte del Estado Nacional de activos y nodos de transporte críticos ubicados en territorio porteño, como son los casos del Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

3-Descentralización Comunal efectiva:

-Las Comunas aún no han alcanzado una plena autonomía presupuestaria ni capacidad decisoria, manteniéndose la concentración del poder decisorio en cabeza del Ejecutivo centralizado.

4-Coordinación Metropolitana:

– Falta de consolidación de un organismo de gobernanza metropolitana con capacidad vinculante para coordinar problemáticas compartidas con la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del conurbano bonaerense en temáticas como son transporte, residuos, cuencas hídricas y seguridad pública.

5- Déficit habitacional y desigualdad norte-sur:

-Pese a las declamadas garantías constitucionales de hábitat y vivienda digna (Art 31) subsisten brechas estructurales de desarrollo e infraestructura entre las Comunas del norte y sur de la Ciudad, sumadas a dificultades de acceso a la vivienda.

6- Coparticipación de recursos nacionales:

-Las cuestiones referidas a la Coparticipación Federal de Recursos e Impuestos constituyen uno de los puntos más complejos, judicializados y polémicos en el estatus institucional de nuestra Ciudad. El conflicto de fondo radica en que la reforma constitucional nacional de 1994 (art. 75 Inc. 2 y Art. 129) le concedió a la CABA un estatus de Ciudad Constitucional Federada (equiparable en muchos aspectos a una Provincia), pero la Ley de Coparticipación vigente es anterior (Ley 23548 de 1988), por lo que la Ciudad no quedó incorporada originariamente con una cuota fija garantizada por Ley Marco, sino sujeta a acuerdos y asignaciones de la Nación.

Principales aspectos y debates en torno de la Coparticipación

Unilateralidad y falta de Ley Marco:

-Debida Concertación: La Constitución Nacional establece que los recursos deben asignarse de manera consensuada mediante Convenios bilaterales o multilaterales entre las jurisdicciones. Sin embargo, CABA ha quedado históricamente a merced de decretos del PEN que aumentaron o redujeron sus ingresos de manera unilateral.

-Garantía Constitucional del Art. 75 Inc. 2: La Carta Magna prohíbe la transferencia de competencias, servicios o funciones de la Ciudad (o Provincias) sin la respectiva reasignación de recursos.

Controversia por el traspaso de la seguridad:

-Incremento Coeficiente: Cuando se transfirieron efectivamente parte de las funciones de la Policía Federal para crear la Policía de la Ciudad, el PEN elevó unilateralmente el coeficiente de Coparticipación de CABA, mediante Decreto 194/2016, desde el 1,40% al 3,75% (posteriormente reajustado s/ decreto257/2018 al 3,5%) para financiar la seguridad pública, en el marco de una circunstancia donde existía identidad de signo político entre las Jurisdicciones.

-Recorte unilateral (2020): En plena pandemia del COVID-19, en el marco de un nuevo divorcio de signos políticos entre jurisdicciones, el PEN redujo nuevamente dicho porcentaje (primeramente al 2,32% por Decreto 735/2020 para reasignar la diferencia al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a fin de recomponer el desfasaje salarial de la Policia Provincial del otro lado de la Av. Gral. Paz) y posteriormente, la Ley Nacional 27.606 redujo nuevamente el coeficiente al 1,40% más una suma fija, bajo el argumento de que el monto transferido desde 2016 había sido “excesivo”.

-Judicialización y medida cautelar de la CSJN (2022): CABA recurrió el cálculo ante la CSJN, la que en diciembre de 2022 dictó una medida cautelar ordenando al Gobierno Nacional entregar provisionalmente a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, ratificando que no pueden alterarse la asignación de los recursos sin acuerdo de partes.

-Negociaciones recientes y deuda: El cumplimiento de dicho porcentaje cautelar derivó en un extenso diferendo económico entre las jurisdicciones por la acumulación de deudas de transferencias, requiriendo negociaciones y esquemas de cancelación (entrega de Títulos o Bonos Públicos) entre el Ministerio de Economía de la Nación y los representantes de CABA.

El descalce entre la contribución económica, lo percibido y los principios de solidaridad:

-Aporte a la masa tributaria: CABA es uno de los mayores motores económicos y tributarios del país, generando aproximadamente entre el 15 y el 20% de la recaudación fiscal total nacional.

-Retorno efectivo: Tradicionalmente, recibe de retorno en masa coparticipable una proporción marcadamente inferior a su aporte, al igual que la Provincia de Buenos Aires, lo que genera tensiones recurrentes entre la Nación, las provincias y la Ciudad sobre la base del concepto de solidaridad territorial y redistribución de riqueza.

Asignaturas pendientes en la materia:

La sanción de una Ley de Coparticipación Federal definitiva: La reforma de la Constitución Nacional de 1994 fijó como límite para la sanción de un nuevo Régimen de Coparticipación Federal, que incluya a CABA como actor pleno, el año 1996. Esta norma exige el acuerdo unánime de todas las Provincias y la Nación, lo que transforma la cuestión de muy difícil solución en la medida que todas las partes en juego no estén dispuestas a ceder un poco.

Conclusiones

Las constituciones son chalecos de fuerza que se ponen encima los países y sus jurisdicciones, en tiempos de lucidez, para evitar descarriarse en tiempos de locura. El requisito del consenso unánime para algunas decisiones apunta en ese sentido.

El péndulo de la historia argentina, que oscila entre los extremos, nos encierra en una lógica sin margen para la moderación. No hemos tenido la humildad de reconocer los excesos que hicieron de las crisis económicas una recurrencia. Llevamos décadas que, en clave política, pueden leerse como un compendio de desmesuras ideológicas en el marco de un país desbalanceado con sucesivos proyectos mesiánicos y fundacionales.

La gran movilidad social que exhibió la Argentina hasta el último cuarto del siglo pasado, fue un rasgo que la diferenció del resto de los países de América Latina. A las crisis surgidas de la disonancia entre la modernización y el desarrollo, se intentó ofrecer diversas respuestas sin encontrar un camino de crecimiento sostenible, que encadenaron lo que Pablo Gerchunoff denominó el “ciclo de ilusión y desencanto”.

A lo largo de nuestra historia reciente, pasamos de la exagerada injerencia del Estado a la actual deshumanización del algoritmo en un país sin Estado gobernado por las fuerzas del mercado. El liberalismo es tributario de la libertad, mientras que la democracia lo es de la igualdad (son dos de los componentes del lema que inspiró la Revolución Francesa).

A menudo se considera a John Locke como el padre del liberalismo, aunque era liberal pero no demócrata: incluía solo a los propietarios como miembros de la sociedad con derecho a voto. El gran desafío para la democracia hoy es poder reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

El péndulo de la desmesura nos ha llevado desde un Estado omnipresente y prepotente, a la pretensión de serruchar sus funciones públicas básicas e indelegables para confiar en que los algoritmos resolverán las carencias de una sociedad empobrecida sin la participación de los seres humanos. El tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico es aquel que permite a la economía mantener simultáneamente el pleno empleo y un balance de pagos sostenible.

Desde la perspectiva histórica que dan los 30 años desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acunada en ese escenario de vientos garantistas, pero sometida al péndulo permanente de nuestra historia, me permito reflexionar aquel dicho de que “los hijos se parecen a veces más a su época que a sus padres” por lo que la asignatura pendiente es dar, en el plano económico, el salto cualitativo que se dio en el plano político institucional al recuperar la democracia y que se vio reflejado en la reforma del ’94 en el plano nacional y en la Constitución de la Ciudad, garantizando la sustentabilidad de la modernización de derechos que las mismas consagraron.

Hemos perdido en la sociedad contemporánea la capacidad de razonar juntos a través de nuestras diferencias. Creo que esto se debe, en parte, a que no somos muy buenos escuchando en estos días. Escuchar es una virtud cívica. Se necesitará un verdadero esfuerzo hacia adelante para no caer en la trampa de las simplificaciones, ni en el cinismo de la negación.

Fuente: Raúl Garré para Infobae

La Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, presidida por Carolina Basualdo (Provincias Unidas), continuó con el debate del proyecto de ley que propone crear un “Régimen Federal de Áreas Metropolitanas”.

Entre los invitados que participaron, expuso en primer lugar Fabio Quetglas, diputado hasta diciembre pasado, y autor de la iniciativa que busca establecer principios para la constitución y funcionamiento de esquemas de gobernanza en las áreas metropolitanas del país. “Se busca garantizar la gobernabilidad de un fenómeno que existe. La institucional es un paso clave”, remarcó el radical.

Al respecto, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) manifestó el apoyo a la norma al señalar: “Creo que las áreas metropolitanas, principalmente, están tendiendo a colapsar y lo que tenemos que hacer es abordar el tema con política”.

A su turno, Rodrigo Fernández, secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, se refirió a la importancia del Ente Metropolitano de Córdoba, organismo público y autárquico que él preside, y que “representa a 27 municipios”.

“El modelo que Córdoba ha implementado ve en este Congreso la posibilidad de darle una escala mas federal y nacional a un instrumento, una institución, que funciona y da resultados concretos a los vecinos”, explicó, al tiempo que aseveró: “La gobernanza metropolitana es posible”.

Por su parte, el diputado Raúl Hadad (Unión por la Patria) advirtió que “tenemos que ser más específicos en algunas definiciones porque si no -aclaró- esta norma va a ir en detrimento de los pueblos más chicos y el objetivo es fortalecer el federalismo”.

Finalmente, Basualdo expresó que “es bueno generar esta discusión que abarca a casi 30 millones de argentinos que viven en áreas metropolitanas y dar una señal desde el Congreso con una norma genérica”.

Por otra parte, durante la reunión se firmaron distintos proyectos de resolución y declaración.

Segunda Reunión

Impulsan una ley para definir y fortalecer las áreas metropolitanas en todo el país

Especialistas en gobernanza metropolitana expusieron ante la Comisión de Asuntos Municipales sobre la necesidad de contar con un marco normativo que reconozca, ordene y fomente la cooperación entre municipios de las áreas urbanas integradas.

La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto que promueve la creación de un Régimen de Áreas Metropolitanas, durante una reunión en la que participaron especialistas, investigadores y referentes de organizaciones vinculadas a la planificación territorial y la gobernanza urbana.

El presidente de Ciudad Metropolitana, Claudio Augugliaro, destacó el proceso de trabajo que dio origen a la iniciativa y señaló que durante un año distintas organizaciones de la sociedad civil desarrollaron una instancia federal y participativa para relevar antecedentes de institucionalidad metropolitana en la Argentina.

En la misma línea, Gabriel Fernández Arjona explicó que el proyecto busca establecer una definición de área metropolitana, actualmente inexistente a nivel nacional, así como crear un registro que permita sistematizar información y generar datos específicos sobre estos territorios. Asimismo, remarcó que la propuesta prevé incentivos desde el Estado nacional, aunque preserva la autonomía de municipios y provincias en la gestión de sus territorios.

Por su parte, el presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel), Daniel Cravacuore, consideró que la iniciativa resguarda la autonomía provincial y municipal y promueve la cooperación entre jurisdicciones. Según señaló, el texto reconoce la problemática metropolitana, respeta el federalismo y diferencia claramente el territorio metropolitano de las estructuras institucionales destinadas a su gestión.

A su turno, la investigadora de Cippec María Victoria Boix sostuvo que las áreas metropolitanas deben abordarse a partir de una definición amplia y funcional, que contemple la complejidad de los ecosistemas urbanos más allá de criterios exclusivamente físicos o poblacionales. En ese sentido, afirmó que resulta necesario contar con un marco normativo habilitante.

La última exposición estuvo a cargo de Graciela Marty, coordinadora provincial de UNICIPIO, organismo de integración metropolitana del Gran Mendoza, quien coincidió en la importancia de sancionar una legislación que acompañe los esfuerzos que realizan las provincias. Según expresó, el objetivo es que estos procesos de articulación territorial dejen de ser excepcionales y se consoliden como políticas públicas permanentes.

La iniciativa continuará siendo analizada en la Comisión de Asuntos Municipales con el objetivo de avanzar en una regulación que permita fortalecer la planificación, la coordinación y el financiamiento de las áreas metropolitanas en todo el país.

Fuente: Revista digital Parlamentario

Concejales del Área Metropolitana se reunieron para trata un proyecto de ley para la institucionalización del Sistema de Cooperación Intermunicipal del Área Metropolitana y para estudiar la posibilidad replicar, en los muncipios vecinos, la ordenanza de prohibición de venta de metales ferrosos que ya fue aprobada en Resistencia.

El concejal Juan Chaussivert destacó la oportunidad de tener una agenda común entre Resistencia, Fontana, Barranqueras y Vilelas. Uno de ellos es el robo de materiales ferrosos, principalmente en las instituciones públicas.

“Celebramos la convocatoria para tratar estos temas y van surgiendo otros, como el tránsito o el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y su disposición final”, explicó.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Aradas, señaló que el objetivo del encuentro fue dialogar sobre algunos inconvenientes comunes, que tienen las localidades, y analizar las posibles soluciones que se pueden ejecutar en conjunto.

“Estamos trabajando de qué manera se puede evitar o diminuir el robo de cobre y bronce, porque los que salen perdiendo son las instituciones educativas, los centros de salud, y los barrios, porque se roban kilómetros de cable, y lo que se pudo reducir en Resistencia, lo terminan vendiendo en Barranqueras, por eso son temas que tenemos que abordar en conjunto”, indicó.

Por otra parte, comentó que están analizando la posibilidad de crear un parlamento metropolitano, para avanzar en soluciones que beneficien a todos.

Fuente: Diario Primera Línea