El Ente Metropolitano Córdoba firmó un manifiesto por el Fortalecimiento de la Gobernanza Metropolitana de Costa Rica

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Fue en el marco del III Congreso Iberoamericano de Áreas Metropolitanas que se desarrolla en San José. El documento fue suscripto junto a autoridades locales y referentes internacionales para promover modelos de gestión territorial integrados.

En el marco del III Congreso Iberoamericano de Áreas Metropolitanas, que se realiza en San José de Costa Rica, y del cual el Ente Metropolitano Córdoba es coordinador del mismo, se suscribió un “Manifiesto por el Fortalecimiento de la Gobernanza Metropolitana en Costa Rica”. 

En representación del Ente Metropolitano Córdoba, la firma del documento estuvo a cargo de la subsecretaria de Desarrollo Metropolitano, Mónica Zalazar. Además, fue suscripto por Juan Diego Gómez, Presidente UNGL; Erick Jiménez, alcalde de la Municipalidad de Oreamuno, y Cinthia Félix, secretaria de integración Metropolitana de Río de Janeiro.

El manifiesto destaca el proceso que atraviesa Costa Rica para avanzar hacia un modelo de gestión metropolitana que permita mejorar la planificación territorial, optimizar recursos y fortalecer la prestación de servicios.

Asimismo, se invita a las áreas metropolitanas a acompañar a Costa Rica en este proceso de construcción de gobernanza metropolitana, mediante la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Además, contribuir al desarrollo de soluciones adaptadas al contexto nacional, respetando las particularidades institucionales, territoriales y sociales del país.

El documento, además, promueve la consolidación de mecanismos de coordinación para abordar problemáticas que trascienden los límites administrativos tradicionales, como el cambio climático, la movilidad, la gestión de residuos, el acceso a la vivienda y los servicios.

También reconoce que los desafíos actuales requieren enfoques territoriales integrados y esquemas de gobernanza multinivel, capaces de articular políticas públicas entre municipios y distintos niveles del Estado.

A través de este acuerdo, los firmantes se comprometieron a:

  • Fortalecer el rol de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como plataforma de articulación, facilitación técnica y acompañamiento en los procesos de construcción de gobernanza metropolitana en el país.
  • Promover el intercambio de experiencias, herramientas y conocimientos entre territorios, así como el aprendizaje entre pares como base para la innovación institucional y la mejora continua de la gestión pública local.
  • Incorporar enfoques de sostenibilidad, resiliencia climática, inclusión social, igualdad de género y eficiencia en la planificación y gestión de los territorios con dinámicas metropolitanas.

La participación del Ente Metropolitano Córdoba en este espacio internacional reafirma el compromiso del organismo con la construcción de modelos de gobernanza metropolitana que permitan abordar de manera conjunta los desafíos de las ciudades y mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

Fuente: Ente Metropolitano Córdoba

La UNJu y municipios del Gran Jujuy avanzan en proyectos conjuntos para la región

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La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) fue sede de un nuevo encuentro del Comité del Gran Jujuy, un espacio de trabajo que reúne a la institución con los municipios de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Yala, San Antonio y Perico.

La reunión se realizó en el Consejo Superior y fue organizada por la Subsecretaría de Articulación Institucional para el Desarrollo de la UNJu, que dio la bienvenida a los equipos técnicos de las distintas comunas.

A través del Laboratorio de Innovación de la Subsecretaría, la Universidad trabaja junto a los municipios en iniciativas que buscan dar respuestas a problemáticas locales y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de la región.

En este sentido, durante la reunión se presentó el trabajo de las mesas técnicas y del laboratorio de innovación para políticas públicas sostenibles. Se destacó asimismo,  la importancia de la política pública de cooperación que se viene implementando a partir de la vinculación entre municipios y universidad.

Uno de los ejes principales del encuentro fue el turismo, pensado como una oportunidad para integrar a las distintas localidades. En ese marco, se está desarrollando un mapa turístico interactivo y una futura página web que reunirá información sobre circuitos, actividades culturales, rutas, oficinas de turismo y propuestas vinculadas tanto al ámbito religioso como productivo.

También se presentó el proyecto “Gran Jujuy Sostenible”, que incluye el planeamiento del Río Grande y su cuidado, que implica un ambicioso proyecto de infraestructura, destinado a mejorar las conexiones viales y reducir congestión, mediante avenidas de circunvalación, desde una mirada sustentable.

Además, se llevó a cabo una reunión de los equipos de Comunicación y Prensa del espacio, con el objetivo de coordinar acciones y mejorar la difusión de las iniciativas que se vienen trabajando.

Actualmente, el Comité ya cuenta con herramientas en actualización constante, que incorporan nueva información para avanzar hacia un Gran Jujuy más conectado.

En representación de la UNJu participaron la Esp. Ing. Gabriela Oddone y la Lic. Carolina Osores, junto al coordinador general del Gran Jujuy, Bruno Jerez.

Fuentes: UNJu Diario y Coordinación de El Gran Jujuy

 

 

 

 

 

Nueva alianza para analizar y promover la gobernanza y la participación en nuestras metrópolis

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Ciudadanía Metropolitana ha conformado una alianza junto a Kurytiba Metrópole (Brasil) y Urban Participation (Colombia) para desarrollar una investigación acerca de los alcances de la inclusión de la participación ciudadana en los arreglos institucionales metropolitanos de América Latina, a efectos proponer lineamientos que promuevan una más eficaz incorporación de la mirada de los ciudadanos y en este sentido consolidar nuevos esquemas de gobernanza en nuestras metrópolis.

El trabajo se propone analizar los actuales marcos de arreglo de 12 de las principales metropolis de nuestro continente, identificando no sólo las prescripciones normativas en cuanto a participación, sino la efectiva implementación de los mecanismos y espacios propuestos.

Los autores parten de la comprensión de la complejidad que presenta en este contexto la promoción de espacios de participación ciudadana real en nuestras metrópolis. En este sentido, en la justificación del trabajo propuesto señalan: “Intentar una reflexión acerca de la participación ciudadana a escala metropolitana implica, en la actualidad, un reto singular. En efecto, nos encontramos frente a un escenario que bien podría definirse como de “tormenta perfecta”, que desafía los marcos teóricos tradicionales; un contexto donde las complejidades estructurales del fenómeno metropolitano convergen con tendencias globales de signo regresivo que tensionan las posibilidades de una gobernanza colaborativa.”

El equipo de la investigación se ha conformado a partir de María del Pilar Tellez Soler (Urban Participation), Rafael Gomez de Oliveira (Kurytiba Metrópole) y Claudio Augugliaro y Carolina Grimoldi (Ciudadanía Metropolitana).

Te mantendremos informado acerca de los avances de esta investigación en los sucesivos envíos.

 

 

Región Metropolitana Viedma – Patagones

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La Región Metropolitana Viedma – Carmen de Patagones es una unidad geográfica funcional conformada por dos ciudades hermanas que, si bien pertenecen jurisdiccionalmente a dos provincias distintas, desde sus orígenes comparten un desarrollo y evolución urbana. Las separa (y une) un río y la cercanía con el mar.

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Región Metropolitana Mendoza

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El Área Metropolitana de Mendoza (AMM) es una de las cuatro principales del país, luego de las de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Se posiciona, además, como el principal conglomerado urbano del oeste argentino.

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Región Metropolitana Posadas

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El Área Metropolitana de Posadas (AMP) se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Misiones, en el nordeste de la República Argentina. Dicha metrópolis está integrada por tres municipalidades: Posadas (que no sólo es la ciudad cabecera del Departamento Capital, sino que también la capital provincial), Garupá (que también integra el Departamento Capital) y Candelaria (en el departamento homónimo).

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Dalla Torre: extensión del metro-tranvía, consolidación del cinturón verde y resiliencia como desafíos futuros para Unicipio

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Tuvimos la oportunidad de entrevistar  a Matías Dalla Torre, Director de Planificación Territorial de la Provincia de Mendoza. De profesión politólogo y con un Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Dalla Torre tiene a su cargo desde hace unos meses la gestión del organismo provincial de coordinación metropolitana del Gran Mendoza. Es desde este rol que entablamos la conversación que reproducimos a continuación, orientada a conocer los desafíos presentes y futuros de Unicipio.

CM – Hace ya dos años comenzaron un proceso de debate sobre el Código de Edificación a escala metropolitana. ¿Puede comentarnos sobre el desarrollo de ese lineamiento de trabajo?

MdT: En verdad fue un proceso complejo, muy desafiante. Efectivamente fueron dos años, pero veníamos ya con una experiencia de la gestión anterior, o sea que si contamos lo que hizo la otra gestión y esta, fueron aproximadamente, cuatro años de trabajo.

La gestión anterior inicia el proceso, buscando tener un código de construcción unificado para toda la provincia, pero los tiempos se complican producto de la pandemia. En ese caso, se había trabajado a partir del asesoramiento técnico de un grupo consultor, y si bien se aporta un documento de propuesta, faltaba un trabajo de validación con los municipios.

Entonces, cuando nos toca asumir, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial Marité Badui, me convoca, en el convencimiento que era un tema de ordenamiento territorial, y en consecuencia debíamos encarar el proceso desde la dirección a mi cargo.

En ese sentido, es importante recalcar que la mayor cantidad de obras de construcción se encuentra en el área metropolitana de Mendoza. Mendoza solo tiene regionalizada un área metropolitana, que institucionalmente hemos llamado Unicipio, este espacio de coordinación de políticas públicas metropolitanas. Pensamos entonces que Unicipio debía ser la punta de lanza para llevar a cabo esta propuesta nueva del código unificado de construcción.

En 2024, apenas asumimos, entendimos que Unicipio era el espacio metropolitano para empezar a canalizar reuniones con los gobiernos municipales (Maipú, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y también Lavalle)  que formaban parte de esa coordinación. Unicipio está formado por siete gobiernos municipales, es un espacio totalmente horizontal, o sea que el gobierno de la provincia no tiene una jerarquía supra en relación a los poderes municipales. Su función es solamente de coordinación. Y cada municipio es representado por su intendente, que a su vez también nombra un representante, que suele ser un subsecretario de área, como Ambiente u Obras Públicas, que actúa como mandatario en las reuniones de Unicipio, que son convocadas en función a proyectos de interés común.

En este sentido, conformamos una mesa de trabajo con los representantes municipales de Unicipio y nos reunimos durante dos largos años, todos los miércoles de 9 a 11 hs., para empezar a unificar los criterios en materia de construcción de los municipios.

Como ustedes saben, acá en Mendoza cada municipio es el encargado del control, la ejecución y el seguimiento de la obra, tanto privada como pública. ¿Cuál era el problema? Que hay una gran heterogeneidad. Si uno quiere aprobar un proyecto en el departamento de Luján, se requieren cosas distintas y los procedimientos son totalmente distintos a una obra en Mendoza Ciudad o Maipú, por ejemplo, que son otros de los departamentos del área metropolitana.

Entonces había que lograr una homogeneización tanto de los procesos, como de la presentación y el seguimiento de las obras, las inspecciones y la aprobación final. Esta heterogeneidad atenta contra las inversiones y el labor de los profesionales vinculados a las obras de construcción, sabemos que las construcciones funcionan como motores al desarrollo urbano local y nuestra intención era lograr no sólo previsibilidad en el proceso sino también mejor  agilidad y eficacia en el control estatal pero siempre manteniendo ese delicado equilibrio entre simplificar los procesos pero sin dejar de lado el resguardo a la seguridad ciudadana; una obra de construcción sin ningún tipo de reglamentación ni control puede significar futuros riesgos a la seguridad de los ciudadanos y su patrimonio, ejemplo de esto sobra en todo el país.

Nos pusimos a trabajar en talleres. Las primeras reuniones fueron para plantearnos los objetivos. Al principio, venían los decisores políticos, intendentes o subsecretarios, pero después ya participaron los equipos técnicos de los municipios, de las direcciones de obras particulares, privadas, para articular una normativa a nivel metropolitano.

Nuestro primer objetivo fue buscar homogeneidad y consensos en el área metropolitana, sabiendo que en el resto de Mendoza hay grandes heterogeneidades territoriales también. Cada departamento tiene perfiles productivos y territoriales muy distintos. Los del área metropolitana son bien urbanos, pero no quiere decir que otros fuera del área de Unicipio no tengan obras de construcción.

En ese camino, se fueron generando mesas de trabajo vinculadas a los procesos de aprobación de obras: una mesa de arquitectura, una mesa de planos eléctricos, una mesa de estructuras, una mesa vinculada a la aprobación de servicios de agua y saneamiento y cloacas. Como cada una de esas mesas tiene procedimientos distintos, iban cambiando los técnicos de cada municipio que participaban.

Una vez que llegábamos a cierto consenso en esa mesa de trabajo de Unicipio, trabajábamos de manera regional para validar esos procedimientos en las distintas regiones. Los acuerdos que generábamos en el área metropolitana los llevábamos a la región Este, Sur y el Valle de Uco. La idea era tener un proyecto participativo que involucrara a todos los municipios y llegar a una propuesta de homogenización en todo el territorio de la provincia de Mendoza

Llegamos a un proyecto luego de dos largos años y nuestra idea era concluir con una ley provincial de código unificado de construcción para toda la provincia, con foco metropolitano, pero con criterios adaptables a cada territorio.

Por ejemplo, hay un índice de impermeabilidad que se pide solamente en zonas urbanas o un retiro especial en zonas rurales. Esa adaptación mantiene cierta heterogeneidad. La forma es conservar las autonomías municipales a partir de un lineamiento general provincial.

CM – ¿Hubo participación de actores de la sociedad civil, técnicos, organizaciones, o estaba reservado a actores gubernamentales?

MdT:  Buena pregunta. En un primer momento el proceso se centró en la participación de los municipios, para poder generar consensos básicos sin presiones sectoriales, y luego sí abril el proceso a otros actores, donde la provincia actuó como facilitadora del diálogo, así fue progresivamente impulsándose esta gobernanza del la propuesta del código unificado de construcción.

Para decirte un punto específico, el tema de las inspecciones de las obras: cuando uno presenta el proyecto y declara qué es lo que va a construir, el municipio siempre realiza inspecciones. Algunos municipios querían liberar las inspecciones al 100% para desburocratizar; otros municipios no lo querían hacer por el tema de que efectivamente siempre hay una responsabilidad solidaria en las obras de construcción. Supongamos que, una vivienda, por una tormenta o lo que fuera, se ve afecta y vuela o pierde  el techo de la misma y eso genera un daño. Bueno, el municipio va a ser responsable de eso, si es una obra que nunca fue, de alguna manera, formalizada en el municipio.

Bueno, todo ese tipo de discusiones, que son muy técnicas por ahí, pero bastante complicadas de resolver, logramos de alguna manera llegar a un punto intermedio donde, en términos generales, la propuesta que finalmente se acordó fue que el municipio pueda hacer un sistema aleatorio de control de la inspección. Es decir, si entra un proyecto y la parte técnica del municipio determina de alguna manera que tiene alguna duda sobre el proyecto, puede decidir si va o no a la obra.

Porque la otra opción era liberar totalmente y dejar toda responsabilidad a cargo de los profesionales presentantes, o sea, los que presentan el proyecto. Y en esto los colegios profesionales, por ejemplo, tenían sus miradas.

Entonces, creo que al cuarto mes, ya estábamos en condiciones de empezar a abrir ciertos temas al debate, de buscar ayuda profesional y también invitar a los colegios profesionales. Un actor clave en esto fue el CONICET, el sector científico, la Universidad Nacional de Cuyo también, que empezaron a brindar aportes y claridad en temas que no estaban tan definidos, donde no había posiciones en común.

Creo que a partir de esta apertura se generó cierta confianza y se verificó que la idea de todos era lograr una sinergia. En este sentido incorporamos  en la mesa al Colegio de Arquitectura, a la Universidad y a la gente del CONICET, que ya formaron parte de todo el circuito de debates. Y después también se sumaron algunos representantes de los desarrolladores urbanos de Mendoza, que también hicieron sus críticas, su aporte y sus recomendaciones en este espacio..

CM – Pasando a otro tema  ¿Qué es lo que están pensado para el área metropolitana hacia adelante, en materia de políticas públicas a desarrollar?

Bueno, nosotros seguimos avanzando muy fuertemente con el tema del transporte, queremos tener una política metropolitana. Las líneas de colectivos son competencia provincial, pero el uso de calles es municipal. Queremos tener un sistema integrado de transporte, con estaciones multimodales.

Estamos extendiendo el metro-tranvía urbano que conectaba el área metropolitana, hacia algunos sectores que todavía habían quedado fuera de este metro. Ustedes conocen bastante los esfuerzos que hicimos en el tema ciclovías, donde logramos desde Unicipio implementar casi 100 kilómetros de ciclovía coordinada y conectada, entre estos siete municipios que forman el área metropolitana.

Ahora vamos con la extensión del metro-tranvía urbano, donde vamos a ser una de las primeras ciudades de Latinoamérica que tengan un tren urbano desde el aeropuerto hasta la ciudad central. Ya empezó la obra, por lo que estamos muy contentos. Vamos a tener casi una conectividad norte-sur en el área metropolitana completa.

Todo este trabajo va a permitir ordenar un gran caudal de tránsito y de demanda vehicular que existe entre los departamentos de Godoy Cruz, Luján, Mendoza Ciudad y Las Heras.

Entonces, bueno, la verdad que efectivamente con el metro-tranvía urbano vamos a mejorar esta conectividad y esta accesibilidad para todo el área. Muy contento de que podamos terminarlo. Ya han empezado las obras y, bueno, eso en materia de transporte me parece que viene fuerte y muy bien apuntalado.

También estamos avanzando con algunos proyectos en el área de conservación del cinturón verde, porque la periferia del área metropolitana de Mendoza es una zona productiva, orientada a lo fruti-hortícola y ovícola. La verdad es que tenemos ese desafío de cómo controlar, de mantener estos sectores, este cinturón verde como lo llamamos nosotros y que provee alimentos a la ciudad de Mendoza, alimentos frescos, con todo lo que significa esto, en cercanías y en costos de transporte. Y también desde el punto de vista ambiental.

El desafío es que la ciudad sigue creciendo y pierde zonas productivas, reemplazadas por barrios no planificados. Entonces el desafío es tratar de tener una estrategia de contención y de conservación de ese cinturón verde de Mendoza.

Unicipio como espacio de coordinación Metropolitana  se ha convertido en la la plataforma de coordinación de una política integral y común de conservación de estas zonas productivas. Por ejemplo, hemos empezado a hacer estudios y trabajo junto con los municipios y los organismos técnicos, para tratar de detectar, entender y poder actuar sobre las dificultades que tienen las zonas productivas.

¿Qué arrojaron estos primeros análisis? Bueno, existen ciertas mejoras que debemos hacer en los caminos rurales, en la infraestructura. Esta zona -que nosotros llamamos de interfase- en función que está dentro del área metropolitana, pero ya empieza también a tener una configuración un poco más rural.

Conservar esto, que es prácticamente muy difícil en las grandes ciudades que van expandiéndose, que es tener dentro de la misma ciudad una zona productiva tan rica como la que tiene Mendoza en camote, papa, aceite de oliva, aceitunas, lechuga, melón. Bueno, Mendoza es exportadora de estos alimentos y lo que no queremos perder es este gran cinturón verde.

Entonces hay que, de alguna manera, tratar de regular y promover estos usos, en el marco de una planificación.  Este creo que ese va a ser uno de los grandes trabajos: conservar esta área periurbana estratégica que rodea, como te decía, el área metropolitana. Es un gran desafío para todas las áreas metropolitanas el tema de la conservación (o regeneración) de los cinturones verdes.

Y sobre todo me parece que en el caso de Mendoza también tiene que ver, por las características propias, el tema de la isla de calor. La conservación del cinturón verde ayuda en este tema.

Nosotros hemos hecho análisis con imágenes satelitales, las olas de calor, y sin duda las zonas más calientes están en el centro, en el casco urbano, por supuesto. Y estas periferias son los pulmones verdes, que bueno, eso también lo tenemos registrado ya en cartografía o en el análisis.

Así que totalmente el pulmón verde nos va a permitir, en este cambio climático, también de alguna manera resiliencia urbana.

CM – ¿Están pensando en esto a futuro, la posibilidad, así como hicieron un proceso con el  código unificado de construcción, de ir hacia un código de planeamiento común para el área metropolitana?

Hay algunas ideas en ese sentido.  Vos sabés que hacia el este nosotros tenemos el cinturón verde, del que recién hablamos y hacia el oeste tenemos la montaña, lo que nosotros le llamamos piedemonte.

En este marco, logramos implementar la Ley 9414/22, un instrumento normativo que establece las pautas de manejo para la zona del piedemonte. El objetivo central de esta ley es regular las urbanizaciones para que respeten las características territoriales y la fragilidad ambiental del área. Un ejemplo crítico es evitar que los asentamientos se instalen sobre cauces secos, los cuales presentan un alto riesgo de inundación.

Si bien en Mendoza las precipitaciones son escasas, durante la época estival suelen ser de gran intensidad. Debido a la pendiente de la montaña, estos cauces —que habitualmente permanecen secos— se activan con las tormentas y pueden transformarse en torrentes capaces de generar desastres. A través de un riguroso estudio científico de base, logramos determinar qué zonas son totalmente inapropiadas para el asentamiento humano y cuáles son aptas para una configuración de loteo bajo criterios de adaptación.

Bajo esta misma lógica, consideramos fundamental replicar este modelo en el cinturón verde. En este caso, el criterio de restricción no sería el riesgo aluvional, sino la productividad del suelo. Proponemos que los suelos con mayor capacidad productiva y derecho de riego sean considerados intocables para la urbanización.

Por el contrario, aquellas áreas con menor productividad biológica y que ya cuenten con infraestructura básica podrían identificarse en el mapa como potencialmente urbanizables. Esta zonificación estratégica sería una herramienta clave para conservar el área agrícola productiva del área metropolitana, otorgando orden y previsibilidad al crecimiento urbano

CM – Alguna otra política que sea de escala metropolitana?

Sin duda, la gestión del agua bajo un nuevo paradigma de eficiencia hídrica. Históricamente, Mendoza diseñó su infraestructura hídrica basada en la oferta; un modelo pensado exclusivamente para el riego agrícola donde el excedente permitía cierta holgura. Hoy, frente al escenario de cambio climático y el estrés hídrico estructural, estamos obligados a migrar hacia un modelo basado en la demanda. El objetivo es que la infraestructura sea tan eficaz que responda a necesidades reales detectadas mediante datos, superando la distribución inercial. Aquí, el rol de Unicipio es fundamental para coordinar una visión interjurisdiccional, ya que el agua no reconoce límites municipales.

Estamos trabajando en tres ejes metropolitanos claves adicionales claves:

En primer lugar, Mendoza Inteligencia Territorial (MIT). Estamos utilizando esta plataforma para integrar capas de datos geoespaciales que nos permiten visualizar la presión urbana sobre la red de riego. La digitalización de los indicadores urbanos de toda el área metropolitana. Esto nos permite tener una “radiografía” en tiempo real del suelo, la densidad y los servicios, y la capacidad constructiva de cada parcela.

Luego el Eje de Resiliencia y Adaptación. Por primera vez, hemos desarrollado un mapa de islas de calor del Área Metropolitana. Esto es vital para el diseño urbano moderno. Además, identificamos con precisión las zonas con mayor acumulación térmica para priorizar la infraestructura verde (arbolado público, parques lineales y corredores biológicos).

En materia de mitigación, estamos trabajando en recuperar el rol del oasis mendocino como regulador climático, asegurando que el avance de la urbanización no degrade la calidad de vida ni aumente el consumo energético de forma insostenible.

Finalmente, Gestión de Riesgo y Seguridad Territorial. La cartografía que estamos produciendo es la base de nuestra política de Gestión de Riesgo. Al cruzar los datos de expansión urbana con las amenazas naturales (aluvionales, sísmicas y de incendios de interfaz), estamos diseñando un territorio más seguro. La integración de estos datos en el MIT permite que cualquier inversor o planificador estatal sepa de antemano las condiciones de vulnerabilidad de un terreno, reduciendo la incertidumbre y protegiendo la vida de los ciudadanos.

 

El Ente Metropolitano Córdoba se presentó en Foro Económico latinoamericano

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El presidente del Ente Metropolitano y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, participó del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en alianza con el Gobierno de Panamá.

En el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá los días 28 y 29 de enero, Fernández integró la mesa de diálogo “Ecosistema Subnacional: factor de crecimiento económico y sostenibilidad para la región”, donde expuso la experiencia del Ente Metropolitano Córdoba como un modelo de gestión basado en el trabajo conjunto entre municipios.

Durante su intervención, destacó que el Ente Metropolitano articula políticas públicas en el corazón de la provincia más productiva de la Argentina, concentrando dinámicas económicas, sociales y territoriales que requieren planificación, cooperación y escala metropolitana para generar desarrollo.

Como parte de esa experiencia, Fernández presentó ante las autoridades de CAF el proyecto del Parque Fotovoltaico Metropolitano, una iniciativa estratégica orientada a producir energía limpia, optimizar el uso de los recursos públicos y reducir costos operativos para los municipios que integran el área metropolitana.

El proyecto contempla la instalación de una planta fotovoltaica de 50 MW, destinada a inyectar energía renovable a la red provincial bajo un esquema de compensación con el consumo eléctrico municipal, fortaleciendo la eficiencia energética y la sostenibilidad de la gestión local.

La participación del Ente Metropolitano Córdoba en este foro internacional posiciona una agenda metropolitana con proyectos definidos, reafirmando el rol de los gobiernos locales como actores centrales del desarrollo regional.

Fuente: RegiónObjetivo

Foment del Treball apuesta por desarrollar el área metropolitana de Barcelona

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La patronal Foment apuesta por desarrollar en su plenitud el área metropolitana de Barcelona, en la que ve una metrópolis de cinco millones de personas. 

Así lo pone de manifiesto el informe titulado ‘Perspectivas de futuro del área metropolitana de Barcelona, “15 años después de la aprobación de la ley de su creación en el Parlament de Catalunya”, elaborado por RethinkBCN, un órgano de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment.

Según ha explicado Foment en un comunicado, el análisis ‘Perspectivas de futuro del Área Metropolitana de Barcelona, “15 años después de la aprobación de la ley de su creación en el Parlament de Catalunya” refuerza la necesidad de “establecer conexiones entre los problemas y las oportunidades que se manifiestan en las dinámicas urbanas”.

En esta línea, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que “el informe destaca la importancia de conectar entre sí retos como la movilidad, la vivienda, la desigualdad, el cambio climático, la innovación o los desafíos demográficos, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.”

Durante el acto de presentación del informe, el exalcalde de Barcelona Joan Clos ha recordado también que el Área Metropolitana de Barcelona “nació con poca ambición para abordar los retos reales” de esta área tan poblada, y ha señalado la movilidad y la vivienda como los grandes retos que afronta esta metrópolis.

Fuente: Diario La Razón

Bajo un mismo cielo, sobre un mismo suelo

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Joaquín Benedicto fue el ganador de la Mención Especial en la categoría de Gobernanza, en el Primer Concurso de Ideas Metropolitanas para el Gran Tucumán, organizado por Fundación IBATIN. Hoy te presentamos una síntesis de ese trabajo, preparada por el ganador, al que Ciudadanía Metropolitana ha becado para hacer un curso universitario sobre Gobernanza Metropolitana.

 

Una ciudad que creció sin preguntarse cómo

El Gran San Miguel de Tucumán respira como una sola ciudad pero es gobernada por siete administraciones. La vida diaria en el aglomerado atraviesa  bordes invisibles desde redes de agua y cables que no entienden de fronteras.  Existen distintas prioridades entre municipios, presupuestos que se superponen. Entre esos dos planos el real y el administrativo se abren una grieta por la que se escurre el futuro de la ciudadanía.

El Área Metropolitana de Tucumán reúne a San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y la comuna de El Manantial. Es un territorio compacto menos de 22 km² este corazón urbano del jardín de la república donde se concentran 779.530 personas (Indec, 2022). Allí conviven las luces del centro con la penumbra de los márgenes; la promesa de un polo universitario y sanitario de escala regional con la persistencia de viejos pasivos ambientales, el empuje de los barrios nuevos con la intemperie de las villas miserias. En el primer semestre de 2025, la pobreza alcanzó el 43,5% y la indigencia el 5,3%, esto exige repensar las ciudades para la integración social.

Los elementos naturales impone sus reglas con una claridad que la política todavía no logra imitar. Al oeste las Sierras de San Javier, el piedemonte de yunga baja, es una esponja de agua, un bosque en retroceso, ladera que se encuentra urbanizándose. Al este, el Río Salí, arteria industrial y a la vez herida abierta como la historia de 1966. Entre ambos extremos el  tejido urbano que se expandió a golpes de oportunidad: ingenios y plantas que marcaron el destino, loteos que siguieron caminos, countries que empujaron los límites del verde y villas que crecieron en la periferia, hoy forma una parábola, una perfecta “C” invertida a los márgenes del Sali y en los limites norte y sur del área metropolitana.

Este breve ensayo parte de una premisa simple pensarse en clave metropolitana, no para uniformarlo sino para coordinarlo. Se propone una norma, una Ley de Áreas Metropolitanas y de Uso del Suelo que distribuya responsabilidades y permita planificar a escala de problema, no de frontera.  Una marco que permita mirar a un futuro y resuelva las demandas actuales.

Fragmentación urbana y desafíos del siglo XXI

El GSMT se comporta como una ciudad partida que nunca terminó de asumirse como metrópoli, bajo esa piel urbana late un territorio fragmentado por normativas, competencias y desigualdades. Cada municipio tiene su propio código urbano, su manera de definir qué se puede construir y dónde, sus prioridades. Así el mapa metropolitano se convierte en una rompecabezas. El paisaje tucumano se volvió un espejo de la desigualdad. Las urbanizaciones cerradas y los barrios populares se miran a metros de distancia, separados por muros o por calles de tierra. Los desechos de unos terminan en los arroyos que cruzan las casas de otros. El piedemonte que debería ser un límite ambiental transversal, y el río que debería ser un eje ecológico.

Las políticas urbanas, se piensan para un municipio no para un sistema metropolitano. A este escenario se suma un nuevo tipo de vulnerabilidad, la energética y climática. El consumo eléctrico se dispara en verano, el agua escasea y los residuos sólidos urbanos aumentan a un ritmo que los basurales para los que no fueron diseñados. Sin coordinación cada comuna improvisa soluciones parciales o inconexas, la suma de esfuerzos dispersos no alcanza para un problema que es estructural.

El siglo XXI exige otro tipo de mirada para adaptar ciudades latinoamericanas, Tucumán necesita planificar densificarse homogéneamente y limitar el crecimiento extensivo. Los desafíos urbanos de hoy forman parte de un mismo entramado metropolitano que paradójicamente, todavía se gestiona con herramientas del siglo pasado. Por eso la propuesta de una Ley de Áreas Metropolitanas y de Uso del Suelo es un ejercicio de ingeniería institucional, crea un espacio de diálogo donde el territorio se piensa en conjunto.

Ley de Áreas Metropolitanas

permitiría poner marco legal a esa realidad compartida el Área Metropolitana de Tucumán (AMT). No crear un nuevo nivel de gobierno, su fin es coordinar y dar coherencia a las políticas públicas que hoy se contradicen. Esta ley sería un punto de encuentro no una superestructura porque cada decisión local produce efectos metropolitanos, pero sin una mesa común para debatirlos

Una ley como pacto territorial

La propuesta de Ley de Áreas Metropolitanas para Tucumán podría establecer tres principios básicos:

  1. Reconocimiento del territorio compartido declarar formalmente al AMT como unidad funcional integrada por municipios y comunas contiguas.
  2. Creación de una Mesa Metropolitana Permanente un espacio institucional de coordinación, con representación proporcional de cada jurisdicción, la Provincia y actores académicos y sociales.
  3. Adopción de un Código Metropolitano de Uso del Suelo una guía técnica común para ordenar crecimiento, densidades, corredores ambientales, zonas productivas y reservas naturales.

Estos tres pilares no implican burocracia nueva, sino una nueva lógica: la del gobierno cooperativo del territorio. El desafío es articular y acordar.

La gobernanza como horizonte

El concepto de gobernanza metropolitana surge precisamente para describir la capacidad de las ciudades de gestionar colectivamente los bienes comunes: el aire, el agua, el suelo, la movilidad.
Significa abrir espacios donde las decisiones sean compartidas y las responsabilidades, también.
Esto se traduciría en un Consejo de Gobierno Metropolitano capaz de debatir proyectos conjuntos desde la gestión de residuos hasta el transporte público y de promover un plan de desarrollo territorial a largo plazo. El protagonismo debería ser múltiple: intendentes, delegados comunales, técnicos, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles. Una nueva cultura política, basada en la cooperación intermunicipal y la planificación a escala real. Cada intendente dejaría de pensar en su municipio como una frontera y empezaría a pensarlo como parte de un sistema. En ese cambio de mirada reside el paso más importante para garantizar que el crecimiento del Gran Tucumán no siga siendo una acumulación de improvisaciones, sino una construcción colectiva.

Una Ley de Uso del Suelo para el futuro

En Tucumán cada lote, cada canal, cada ladera urbanizada guarda un capítulo de cómo decidimos  habitar el territorio. El suelo fue primero campo de caña, después loteo, luego baldío y, finalmente, barrio. El orden de esas transformaciones raras veces obedeció a un plan, casi siempre respondió a la oportunidad, la presión y necesidad. Pensar una Ley de Uso del Suelo para el Área Metropolitana de Tucumán es, en el fondo, preguntarnos por la dirección que queremos darle al futuro. El suelo como recurso finito y el problema no es solo ambiental también es económico, cada metro cuadrado mal planificado implica servicios más caros, transporte más ineficiente, barrios más aislados. El uso del suelo define quién puede habitar, quién puede producir y quién queda afuera. Los códigos urbanos municipales funcionan como pequeños reinos distintos criterios de densidad, ocupación, altura, retiros, usos y categorías ambientales. Lo que está permitido en Yerba Buena puede estar prohibido en Tafí Viejo; lo que en San Miguel se considera zona mixta. Sin un marco común las fronteras administrativas se convierten en zonas de conflicto o de especulación constante.

Uno de los antecedentes más sólidos en materia de ordenamiento territorial es el decreto-Ley 8912/77 de la Provincia de Buenos Aires que estableció hace décadas una distinción esencial área urbana. Una Ley Metropolitana de Uso del Suelo podría unificar esos criterios sin suprimir las particularidades, del mismo modo que un mapa reúne distintos colores bajo una misma escala.

Tres principios básicos

  1. Equilibrio territorial: limitar la expansión horizontal y promover la densificación controlada en zonas con infraestructura.
  2. Preservación ambiental: establecer un sistema metropolitano de áreas protegidas, humedales y reservas en el piedemonte y la cuenca del Salí.
  3. Mixtura y equidad: garantizar que cada municipio contemple suelo para vivienda social, espacios públicos y usos productivos sostenibles, evitando la segregación.

A partir de estos principios, se podría definir un lenguaje común, qué significa zona de reserva, qué densidad admite una área urbana consolidada cómo se evalúan los impactos ambientales y cómo se asegura el acceso equitativo al hábitat. Busca definir qué actividades se pueden realizar en sectores claves de la economía.

Hacia un ordenamiento inteligente y justo

El suelo metropolitano debe pensarse como un bien colectivo, un uso del suelo inteligente fomenta la inversión privada pero no se somete a ella. Al fija reglas claras, incentiva la sostenibilidad, esta ley sería el corazón técnico de la gobernanza metropolitana el instrumento que define límites. Impulsar corredores productivos sostenibles, cinturones verdes, zonas de energías renovables y planes de recuperación de suelos degradados. El futuro urbano de Tucumán no depende de crecer más, depende de crecer mejor la Ley de Uso del Suelo es, al mismo un compromiso, organiza el espacio y se compromete que nadie quede afuera, porque en el fondo, ordenar el suelo es otra forma de proyectar futuro.

Propuesta institucional

El mayor desafío de Tucumán no es técnico, es de gobernaza ya que las soluciones existen, se necesita un espacio de gobierno compartido donde los acuerdos sean posibles y las decisiones, vinculantes. La esencia de esta propuesta de crear un Ente de Coordinación Metropolitana de Tucumán (ECOMET) una instancia de articulación, planificación conjunta entre la provincia, los municipios y las comunas que integran el área metropolitana.

El ECOMET no sustituye a los gobiernos locales. Es un espacio de cooperación institucional, un ámbito donde los actores públicos y sociales piensen el territorio en conjunto, con herramientas comunes. Su fuerza es la capacidad de concertar políticas duraderas.

El ECOMET podría estructurarse en tres niveles:

  1. Consejo Metropolitano de Gobierno: integrado por los intendentes, delegados comunales y un representante del gobierno provincial. Sería el órgano deliberativo donde se definen lineamientos estratégicos y prioridades anuales.
  2. Dirección Ejecutiva Técnica: equipo interdisciplinario (urbanistas, economistas, ingenieros, sociólogos, geógrafos, arquitectos) encargado de elaborar diagnósticos, planes y proyectos. Su carácter técnico garantizaría continuidad más allá de los ciclos políticos.
  3. Consejo Asesor y Observatorio Metropolitano: conformado por universidades (UNT, UTN, CONICET), colegios profesionales, organizaciones sociales y ambientales. Este órgano aportaría conocimiento, control ciudadano y transparencia.

 

El ECOMET actuaría en cinco ejes de gestión compartida:

  1. Planificación territorial formular el Plan Metropolitano de Ordenamiento que integre infraestructura, movilidad, ambiente y desarrollo productivo.
  2. Gestión ambiental coordinar políticas de saneamiento del Río Salí, protección del piedemonte y manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) absorviendo al consorcio publico metropolitano actual.
  3. Conectividad y transporte impulsar un sistema de transporte público metropolitano unico
  4. Promover proyectos de eficiencia energética, y abastecimiento equitativo de agua potable.
  5. Desarrollo social y económico articular políticas de empleo, suelo y vivienda, con criterios de equidad territorial.

Sus instrumentos serian:

  • Plan de Ordenamiento Territorial 2050 documento rector de mediano plazo que establezca objetivos, indicadores y zonificaciones.
  • Sistema de Información Metropolitana (SIMET) base de datos unificada sobre demografía, infraestructura y ambiente de acceso público.
  • Fondo Territorial: mecanismo financiero mixto (aporte provincial, municipal y cooperación internacional) para obras que beneficien a más de una jurisdicción.

Una ley metropolitana no puede escribirse de espaldas a quienes la habitan El ECOMET debería incluir instancias de participación pública audiencias abiertas, plataformas digitales de consulta, talleres barriales y espacios de mediación comunitaria. La gobernanza es coordinación entre gobiernos y diálogo con la sociedad.

Conclusión

El resultado es visible una ciudad que funciona de hecho como metrópoli pero que de derecho todavía no se reconoce como tal. Esa distancia entre la realidad y la norma no es solo jurídica, pensar una Ley de Áreas Metropolitanas y de Uso del Suelo es un acto de justicia territorial, es reconocer que todos habitamos el mismo suelo, que las decisiones nos afectan la vida de la comunidad. Es aceptar que la planificación, la energía, el ambiente y el hábitat no son problemas ajenos es una conversación sobre el futuro.

Una ley de este tipo no pretende abolir la autonomía local es una herramientas para cooperar.
Tampoco busca borrar identidades las fortalece, al integrarlas en un proyecto común.
Su espíritu es el del pacto, el del diálogo.

El Tucumán metropolitano que soñamos es aquel que se reconoce como sistema vivo y diverso.
Donde los municipios no compiten por inversiones, sino que comparten infraestructuras; donde el piedemonte se protege como herencia ambiental donde el desarrollo sea un una política. Tal vez el desafío sea aprender a pensar como el territorio mismo con continuidad. El futuro se construye al ritmo de los acuerdos y esa construcción empieza con una idea sencilla que el derecho es el derecho a habitar juntos.