En un artículo publicado en el diario Infobae, Susana Campari e Ivana González de la Vega reflexionan, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, acerca de la modernización del Estado y los roles de los organismos de control en el análisis de las políticas públicas en relación a la superación de las desigualdades existentes en materia de género.
En el reciente encuentro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizado en Fortaleza, Brasil, la Comisión de Género, Inclusión y Diversidad presentó los avances del proyecto regional GÉNER.A, una iniciativa impulsada por la Auditoría General de la Nación dentro de la red EFSUR. El proyecto busca integrar de manera sistemática la perspectiva de género en los procesos de auditoría gubernamental y consolidar un marco regional para evaluar la igualdad tanto dentro de las instituciones públicas como en las políticas que éstas implementan.
Esta experiencia refleja una transformación más amplia en el campo del control público: la comprensión de que la fiscalización estatal no solo debe examinar la legalidad y la eficiencia del gasto, sino también los efectos que las decisiones públicas producen sobre las desigualdades existentes. En otras palabras, la igualdad formal consagrada en las normas requiere instituciones capaces de examinar cómo las políticas públicas operan en la práctica.
Esta discusión adquiere particular relevancia cada 8 de marzo, una fecha que suele recordarnos una verdad incómoda: la igualdad proclamada por la ley no garantiza necesariamente igualdad en la práctica. En la Argentina, si bien los derechos vinculados a la igualdad de género cuentan con reconocimiento normativo expreso, su efectividad depende en gran medida de cómo actúan las instituciones y de qué prioridades orientan la conducción política
Cuando la igualdad ocupa un lugar central en la agenda gubernamental, su garantía se despliega principalmente a través de políticas activas. Pero cuando esa centralidad disminuye o se invisibiliza, no se reduce la obligación estatal: se intensifica la responsabilidad de las instituciones de control. En ese escenario, el control público se vuelve decisivo para garantizar que la igualdad no quede reducida a una declaración formal y que ninguna decisión estatal debilite los estándares de protección ya alcanzados.
En la Argentina, como en muchos otros países donde los marcos normativos han avanzado de manera significativa, emergen formas más sutiles y menos visibles de reproducción de inequidades: nosotras la llamamos la ceguera de género en la administración pública.
Esta discusión no es abstracta ni futurista.
El debate sobre la modernización del Estado no es nuevo: reaparece de manera recurrente en las agendas gubernamentales, generalmente asociado a la búsqueda de mayor eficiencia, simplificación administrativa y adopción de tecnologías digitales. En ese marco, la expansión de las TIC y de los sistemas automatizados suele presentarse como sinónimo de agilidad y racionalidad en la gestión pública.
Sin embargo, reducir la modernización a estos objetivos implica dejar fuera una dimensión central del funcionamiento estatal: los efectos que las decisiones administrativas producen sobre las desigualdades sociales. La tecnología no es neutra. Los sistemas que organizan información, clasifican beneficiarios o priorizan recursos operan sobre datos y criterios que reflejan estructuras sociales preexistentes. Si estos procesos de transformación no incorporan de manera sistemática análisis de impacto y estándares de igualdad, corren el riesgo de consolidar desigualdades estructurales bajo una apariencia de neutralidad técnica.
Estas desigualdades no suelen expresarse en normas abiertamente discriminatorias. Operan, con mayor frecuencia, a través de rutinas burocráticas, criterios aparentemente neutrales y estructuras organizacionales que reproducen modos tradicionales de definir y evaluar las necesidades sociales. En este contexto, políticas formuladas como universales pueden consolidar brechas preexistentes cuando no consideran los impactos diferenciados que producen sobre distintos grupos de la población.
La administración pública tampoco constituye un espacio neutral. Está atravesada por culturas institucionales históricamente masculinizadas que inciden en la definición de prioridades, en la asignación de recursos y en los criterios mediante los cuales se evalúan los resultados de las políticas públicas. Estas dinámicas se reflejan, por ejemplo, en programas de infraestructura que no consideran el uso diferencial del espacio urbano por parte de las mujeres, en sistemas de salud que invisibilizan necesidades específicas o en regímenes laborales estatales que penalizan indirectamente las tareas de cuidado.
Es precisamente en este punto donde la auditoría gubernamental adquiere un papel estratégico como herramienta de garantía democrática. Tradicionalmente concebida como un mecanismo técnico orientado al control de la legalidad, la eficiencia y el uso de los recursos públicos, hoy enfrenta un desafío mayor. En una democracia que aspire a ser sustantiva y no meramente formal, el control no puede limitarse a verificar cifras: debe examinar también los efectos de las políticas públicas en términos de igualdad.
En este sentido, incorporar la perspectiva de género en la auditoría no implica alterar su naturaleza técnica, sino ampliar su alcance analítico. Supone pasar de preguntar únicamente si el presupuesto fue ejecutado conforme a la norma a indagar quiénes fueron efectivamente alcanzados por las políticas públicas, qué impactos produjeron y si contribuyeron a reducir o, por el contrario, a consolidar brechas estructurales de desigualdad.
Creemos que la auditoría gubernamental puede actuar como un punto de articulación entre técnica y garantía de derechos. No sustituye la decisión política ni define prioridades gubernamentales, pero sí delimita sus efectos. No dirige el rumbo del Estado, pero contribuye a que ese rumbo se mantenga dentro de los límites constitucionales de igualdad, y evita exclusiones sistemáticas sobre la mitad de la población representada por mujeres.
Creemos que la pregunta no es si la auditoría debe incorporar la perspectiva de género, sino cuánto tiempo puede prescindir de ella. Si el Estado navega hacia la modernización con nuevas tecnologías y prioridades, la auditoría con perspectiva de
género funciona como un faro institucional: no empuja el barco, pero permite mantener el rumbo constitucional aun en aguas turbulentas.
Susana Campari e Ivana González de Vega son Magister en Administración Pública (FCE-UBA). Integrantes del equipo de investigación de “Mujer y gobierno”.
Fuente: Diario Infobae
