En un momento en el que las grandes ciudades se enfrentan a desafíos cada vez más complejos —desde el cambio climático hasta el acceso a la vivienda o el colapso de la movilidad—, la escala metropolitana emerge como un ámbito imprescindible de análisis y acción. Sin embargo, en España, esta realidad sigue sin contar con estructuras de gobernanza adecuadas. El catedrático Joan Romero lleva décadas advirtiendo de este déficit y de sus consecuencias. Ahora, con el encargo de diseñar las bases de un plan director para el área urbana de València, su reflexión adquiere una dimensión especialmente práctica. En esta entrevista, analiza las claves de ese proceso, los obstáculos históricos y las oportunidades de un nuevo contexto. Y lanza una idea central: sin cooperación metropolitana, los problemas no solo persisten, sino que se agravan.
El Ayuntamiento de València le ha encargado la elaboración de las bases de un plan director para el área metropolitana. ¿Qué significa exactamente este encargo y qué pretende conseguir?
El encargo se enmarca en una iniciativa impulsada por la alcaldesa de Valencia y las dos universidades públicas que considero especialmente relevante: la creación de un espacio estable de cooperación entre el Ayuntamiento de València y las universidades públicas valencianas, la Universitat de València y la Universitat Politècnica. A esta fórmula se la ha denominado ““binomio Universidad-Ciudad”, y responde a una idea que, en mi opinión, es imprescindible hoy: que el conocimiento académico y la acción pública trabajen de forma coordinada. A partir de ahí, se nos ha solicitado elaborar las bases de un plan director para el área urbana funcional de València, que es un concepto clave. No estamos hablando únicamente de la ciudad de València, sino de una realidad mucho más amplia que incluye cerca de 80 municipios y en torno a 1,8 millones de habitantes. Es, en la práctica, una gran área urbana integrada, aunque todavía no la tratemos como tal desde el punto de vista institucional.
Mi planteamiento desde el inicio ha sido claro: esto no puede ser un documento técnico cerrado, ni un informe académico al uso. Tiene que ser un proceso abierto, participativo, transparente. Por eso he constituido una comisión redactora plural, con expertos universitarios, técnicos, representantes empresariales y responsables públicos, y al mismo tiempo estoy manteniendo reuniones con alcaldes, mancomunidades, sindicatos, organizaciones empresariales, Cámara de Comercio y otros actores sociales. Lo que buscamos es un proceso de cocreación, de abajo arriba, que permita que el resultado final sea asumido como propio por la sociedad. Ese es el único camino viable si queremos que tenga impacto real.
¿Cómo se va a estructurar ese plan director?
El trabajo se articula en tres grandes bloques. El primero es la construcción de una base sólida de información. Puede parecer obvio, pero no lo es. Tenemos un problema serio de datos robustos. No siempre disponemos de información actualizada, homogénea y comparable para analizar fenómenos que ya son claramente metropolitanos. El segundo bloque es el diagnóstico. Queremos entender en profundidad cómo funciona esta región urbana es aspectos fundamentales: cómo se mueve la población, cuáles son los riesgos ambientales y las bases físicas del riesgo de inundación, los usos del territorio y las necesidades de vivienda, qué dinámicas económicas se producen. Pero también todo lo relacionado con servicios-sociosanitarios, seguridad y emergencias, energía y agua, patrimonio o la protección de l´Horta y la Albufera.
Y el tercer bloque será propositivo. No se trata solo de describir problemas, sino de plantear soluciones concretas, realistas y aplicables con la legislación vigente. No podemos quedarnos esperando grandes reformas normativas. Hay margen para actuar ya, si existe voluntad política. Además, el plan tendrá una lógica de “capas superpuestas”: movilidad, vivienda, cambio climático, servicios, seguridad… Todo ello formando un sistema interdependiente que hay que analizar de forma integrada y para la escala metropolitana. Y tengo la intención de proponer distintos escenarios posibles para abordar la gestión de estos desafíos para esa escala.
Usted lleva décadas insistiendo en la necesidad de una gobernanza metropolitana. ¿Hasta qué punto estamos pagando hoy ese déficit?
Lo estamos pagando de manera muy significativa. En términos económicos, porque se generan ineficiencias enormes y no somos conscientes de los costes de la no-metrópolis. En términos sociales, porque se agravan desigualdades. Y en términos democráticos, porque los ciudadanos perciben que los problemas no se resuelven y eso es fuente malestar. Mi preocupación por esta cuestión no es reciente. Se remonta a mediados de los años noventa, cuando empecé a estudiar las dinámicas metropolitanas en Europa. Desde entonces, la evidencia no ha hecho más que acumularse. España es, en este ámbito, una anomalía. Mientras que la mayoría de países europeos han desarrollado estructuras de gobernanza metropolitana, nosotros seguimos funcionando con un esquema fragmentado. Y, sin embargo, compartimos los mismos problemas: expansión urbana, movilidad compleja, presión sobre la vivienda, vulnerabilidad ante el cambio climático… La diferencia es que no tenemos los instrumentos adecuados para gestionarlos.
Sin embargo, usted percibe ahora un cambio de contexto. ¿Qué ha cambiado?
Han cambiado varias cosas. En primer lugar, la realidad se ha hecho más evidente. Episodios como las danas han puesto de manifiesto que los problemas no entienden de límites municipales. Lo que ocurre en un punto del territorio tiene efectos en todo el sistema. En segundo lugar, hay un mayor interés por parte de los actores económicos y sociales. Empresas, sindicatos, cámaras de comercio… todos ellos están percibiendo que la falta de coordinación tiene costes muy concretos. En tercer lugar, el papel de los medios de comunicación está siendo fundamental. Ustedes están contribuyendo de forma decisiva a situar la mirada metropolitana en la agenda política, a trasladar el conocimiento académico al debate público, y eso es clave para generar una conciencia colectiva. Y, finalmente, estoy viendo una mayor receptividad en algunos gobiernos locales. Alcaldes y alcaldesas que entienden que hay problemas que no pueden resolver solos. Todo eso configura un escenario nuevo. No es garantía de éxito, pero sí una oportunidad. Creo sinceramente que el momento es ahora.
Si el diagnóstico es tan claro desde hace años, ¿por qué no se ha avanzado antes?
Porque hay resistencias estructurales. Existe una tradición municipalista muy arraigada, que tiene elementos positivos, pero que también dificulta la cooperación supramunicipal. Hay desconfianzas entre administraciones, tanto verticales como horizontales. Y ha faltado liderazgo político sostenido en el tiempo. Cuando uno analiza los casos europeos, ve que los avances se producen cuando hay liderazgo, voluntad de acuerdo y cultura de cooperación. Aquí esos factores no han coincidido. Por eso creo que el enfoque de abajo arriba puede ser más eficaz. Generar consensos sociales que después se traduzcan en acuerdos políticos.
Hablemos de prioridades. La primera: el cambio climático. ¿Qué implica abordarlo desde una perspectiva metropolitana?
Implica, en primer lugar, asumir que estamos ante un cambio estructural. Los expertos coinciden en que los episodios extremos serán más frecuentes, más intensos y más imprevisibles. Esto obliga a replantear la forma en que planificamos el territorio. Eso significa elaborar un gran mapa de riesgos para toda la región urbana, identificar las zonas más vulnerables, anticipar escenarios y diseñar políticas de adaptación. Significa también revisar el urbanismo, las infraestructuras, la gestión del agua, los sistemas energéticos, la salud pública… El cambio climático no es un problema sectorial. Es un fenómeno transversal que afecta a todo, desde la salud de cada uno de nosotros hasta el funcionamiento de las empresas.
La segunda gran prioridad es la movilidad, donde ha sido especialmente crítico. ¿Por qué?
Porque es uno de los ejemplos más claros de fracaso de política pública. España decidió, hace décadas, priorizar la alta velocidad ferroviaria. Se invirtieron enormes cantidades de dinero en ese modelo, mientras se descuidaban las redes de cercanías, que son las que utiliza la mayoría de la población. El resultado es el que vemos: sistemas saturados, poco fiables, con infraestructuras obsoletas. En València, además, la situación es especialmente grave por la falta de inversión sostenida en el tiempo. Y a eso se suma un problema de gobernanza: distintas administraciones gestionando partes del sistema sin una coordinación efectiva. La consecuencia es el colapso progresivo que estamos viviendo.
¿Qué habría que hacer?
No hay que inventar nada. Ya sabemos lo que hay que hacer. Existe un plan de movilidad metropolitana —el PEMoMe— que contiene un diagnóstico excelente y propuestas concretas. La inversión necesaria ronda los 6.000 millones de euros. No es una cifra desorbitada si se compara con otras inversiones realizadas en el pasado. Lo que falta no es conocimiento, sino voluntad de ejecución. Necesitamos un cambio de prioridades, una apuesta clara por las cercanías y una coordinación real entre administraciones.
La tercera prioridad es la vivienda. ¿Qué diagnóstico hace?
Estamos ante una emergencia social. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema transversal, que afecta no solo a las rentas más bajas, sino también a amplias capas de la clase media. Mi planteamiento es que necesitamos un salto cuantitativo en la oferta de vivienda protegida. Pero eso requiere actuar sobre el suelo, y eso implica decisiones valientes. Entre ellas, la posibilidad de expropiación, que está plenamente contemplada en nuestro marco constitucional. Además, hay que replantear la localización de nuevas áreas en el área metropolitana para impulsar un gran programa de vivienda asequible. No podemos seguir construyendo en zonas de riesgo. La planificación debe ser coherente con la realidad física del territorio. Y, por supuesto, hay que complementar estas medidas con políticas de alquiler asequible.
Usted insiste en que movilidad, vivienda y empleo forman un sistema. ¿Por qué es importante esa visión integrada?
Porque la realidad funciona así. No tiene sentido abordar la vivienda sin tener en cuenta la movilidad. Ni la movilidad sin considerar dónde vive la gente y dónde trabaja. Cuando se analiza desde una perspectiva metropolitana, se entiende que estos elementos están profundamente interrelacionados. Y es ahí donde aparece el concepto de cohesión social y territorial. Una buena gobernanza metropolitana no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a reducir desigualdades y a reforzar la justicia social.
En un contexto de polarización política, ¿es viable avanzar en esta dirección?
Creo que sí, precisamente porque los problemas son cada vez más evidentes. La vivienda asequible, la movilidad o el cambio climático no son cuestiones ideológicas en sentido estricto. Son problemas que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Y, además, la presión de la realidad es creciente: más población, más desplazamientos, más riesgos. Mi apuesta es que el impulso venga de abajo arriba. De los gobiernos locales, de las mancomunidades, de los actores sociales. Si esos actores se coordinan y exigen soluciones, será más difícil que los niveles superiores del Estado permanezcan inmóviles.
¿Qué papel pueden jugar las mancomunidades y los gobiernos locales?
Un papel fundamental. Los alcaldes y alcaldesas son el primer rostro del Estado para los ciudadanos. Son quienes reciben directamente las demandas. Si las mancomunidades actúan de forma coordinada y trasladan esas demandas a la Generalitat y al Gobierno central, pueden generar una presión muy significativa. A veces se subestima esa capacidad. Pero es clave.
Para terminar, ¿qué condición considera imprescindible para avanzar hacia esa gobernanza metropolitana?
Aceptar la realidad. Aceptar que existe una región metropolitana, con problemas y retos comunes que no pueden resolverse desde el ámbito municipal. Esa es la condición previa. A partir de ahí, si los agentes políticos, económicos y sociales están de acuerdo en eso, se puede discutir el cómo. Yo soy moderadamente optimista. Creo que se está produciendo un cambio de sensibilidad. La dana ha sido, en cierto modo, un punto de inflexión. Por eso he aceptado este encargo. Porque creo que, quizá, estamos en un momento en el que se puede avanzar. Yo soy un posibilista, como Hirchsman, que sigue creyendo en nuestra capacidad colectiva para acordar soluciones y reformas graduales. Sigo creyendo, con Habermas, en la fuerza de las razones, que convencer es posible. Y sigo pensando, con Rawls, en la necesidad de alcanzar consensos entrelazados. No podemos aspirar a resolverlo todo, pero sí dar un paso importante. Y eso, en una cuestión que lleva décadas bloqueada, ya sería mucho.
Fuente: La Vanguardia
