Categoría: Debate Metropolitano

Para Juan Diego Gómez González, Presidente de la Unión de Gobiernos Locales, “Costa Rica cambió, nuestros territorios cambiaron, pero nuestra forma de gobernar sigue siendo la misma. Tenemos un área metropolitana y mientras no la gobernemos seguiremos administrando problemas en lugar de resolverlos”.

La Gran Área Metropolitana no es una figura académica; es el espacio donde vive, trabaja y se moviliza la mayoría de los costarricenses. Una persona puede vivir en un cantón, trabajar en otro y estudiar en un tercero. Su vida es metropolitana, pero las decisiones públicas siguen fragmentadas.

No podemos seguir gobernando un sistema urbano integrado con estructuras pensadas para un país del siglo pasado, la gobernanza metropolitana para Costa Rica no es un proyecto que podamos diferir más.

Cuando treinta y un gobiernos locales toman decisiones sin coordinación vinculante:

• Se duplican esfuerzos.
• Se contradicen planes reguladores.
• Se generan cuellos de botella en movilidad.
• Se pierde coherencia en seguridad y desarrollo urbano.

La experiencia internacional —desde Barcelona hasta Medellín— demuestra que las regiones que coordinan su gobernanza avanzan más rápido y reducen desigualdades.

Costa Rica no necesita copiar modelos, pero sí entender que la escala de los problemas exige una escala equivalente de decisión. La Región Central concentra la mayor parte del PIB, la inversión y el empleo formal.

Si no existe:

• Planificación integrada de infraestructura.
• Coordinación en transporte público.
• Política de vivienda conectada con movilidad.
• Estrategia territorial común de desarrollo económico.

Estamos limitando nuestro propio crecimiento. La gobernanza metropolitana no es un tema urbano; sino de desarrollo para todo el país.

Soy defensor de la autonomía municipal. Tengo claro que la gobernanza no es quitar autonomía, es sumar capacidades, es evitar el aislamiento. La gobernanza metropolitana no implica crear una superestructura centralizada; implica crear mecanismos vinculantes de coordinación, autoridades sectoriales compartidas, fondos metropolitanos de inversión, planificación territorial integrada y decisiones estratégicas conjuntas.

La clave es articular soberanías locales en función de un interés común superior. Debemos entender que este no es un debate técnico únicamente. Es una decisión política. Podemos seguir administrando los síntomas: presas, desorden urbano, desigualdad territorial.

Podemos asumir el desafío estructural, modernizar la arquitectura del Estado para que responda a la realidad del siglo XXI. Costa Rica necesita dar el paso hacia un pacto metropolitano: un acuerdo entre municipalidades, gobierno central, sector productivo y ciudadanía para gobernar la región donde realmente se juega nuestro futuro. Una reforma metropolitana requiere visión de Estado. Gobernar la metrópoli no es una ambición personal. Es una responsabilidad generacional.

Si queremos ciudades más competitivas, más ordenadas y más justas debemos empezar por reconocer que el problema no es solo de gestión; es de diseño institucional.

Desde la junta directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos tenido el norte de liderar la discusión de la gobernanza metropolitana, claros y conscientes que es tiempo que nuestro país se organice. Costa Rica ya es metropolitana. Ahora nos corresponde decidir si vamos a gobernarla como tal o vamos a seguir perdiendo tiempo valioso.

Fuente: Diario El Mundo de Costa Rica – Nota de Lic. Juan Diego Gómez González – Presidente Unión de Gobiernos Locales, vicepresidente Concejo Municipal de San José

La acción internacional del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha convertido en una herramienta estratégica para proyectar el conocimiento técnico de la administración más allá del territorio metropolitano; posicionar las áreas metropolitanas en las agendas internacionales y contribuir a la garantía de derechos a través de la cooperación internacional, en colaboración con la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. A través del Área de Internacional y Metrópolis Digital, la institución impulsa proyectos de cooperación que promueven la gobernanza metropolitana, la transición ecológica, la movilidad sostenible y la gestión del agua. Según Jordi Castellana, vicepresidente del área, “el AMB mantiene un posicionamiento activo frente a la Unión Europea, Naciones Unidas y otros organismos que impulsen políticas urbanas, un engranaje que fortalece el conjunto del sistema metropolitano”.

La actividad de este organismo se estructura en tres ejes: la representación de las agendas del AMB en organismos multilaterales; la participación y liderazgo en proyectos europeos e internacionales; y el desarrollar programas de cooperación y educación para la ciudadanía global y el desarrollo urbano sostenible en África, América Latina y el Mediterráneo. Esta acción se desarrolla a partir de las prioridades de entidades socias del AMB y siempre en ámbitos donde la institución tiene experiencia, como el agua, los residuos o la movilidad sostenible.

El AMB financia sus proyectos de cooperación internacional con recursos propios, destinando el 0,7% de sus ingresos a este ámbito. Su acción avanza con iniciativas que abordan la emergencia climática, la desigualdad urbana y la gestión sostenible de los recursos.

Por otro lado, prácticamente todos los fondos europeos que recibe el Área de Internacional y Metrópolis Digital se destinan a actuaciones dentro del territorio metropolitano, como la ampliación de la Zona de Bajas Emisiones, la rehabilitación de viviendas, la gestión de residuos o el impulso de las energías renovables. En el segundo cuatrimestre de 2025, la institución gestiona 48 proyectos en total, con un presupuesto de 231,26 millones de euros, del cual 135,84 millones provienen de subvenciones. De ellos, 38 son europeos, 12 están liderados por la institución y en 36 participa como socio.

1. Trabajos en el nordeste de Siria

Desde hace ocho años, el AMB ha implementado hasta 19 proyectos de cooperación directa en el nordeste de Siria, una región muy afectada por la guerra, la sequía y la precariedad de infraestructuras básicas. La colaboración se centra en reducir la contaminación y sus impactos, especialmente de los residuos sanitarios; mejorar la sostenibilidad ambiental; e implementar infraestructuras de agua potable. Con una inversión de 2.158.657 millones de euros, estas actuaciones se han llevado a cabo con las entidades socias internacionales de la zona: Un Ponte Per (UPP), Mezzaluna Rossa, Kurdistán, Medico Internacional, la Media Luna Roja Kurda (HSK) y autoridades locales del nordeste de Siria.

En materia de residuos, se ha desplegado una monitorización de un sistema integral para su gestión en más de 40 hospitales y centros de salud, con formación, equipamiento, protocolos comunes y la construcción de tres nuevas infraestructuras con incineradoras. También se ha reforzado la gestión de residuos sólidos urbanos, incluida la creación de un centro de triaje y de de compostaje en el municipio de Hasaka. En paralelo, se han realizado intervenciones en el ciclo del agua, como por ejemplo la rehabilitación del sistema de abastecimiento de Kobane, destruido durante los ataques del Daesh en 2014 y 2015; la construcción de cuatro pozos con cloración y energía, la mejora de la red en centros sanitarios y la rehabilitación de instalaciones de agua y saneamiento en 17 centros educativos.

Asimismo, el AMB ha trabajado en la implementación de alumbrado municipal basado en energía solar. Se han instalado 179 luces solares en el municipio de Qamishli, lo que se traduce en un total de 5,6 kilómetros de la ciudad.

Además de estos proyectos, la institución también ha dado respuesta a las necesidades humanitarias urgentes, surgidas a raíz de los conflictos bélicos de Siria y el terremoto de 2023.

2. Gobernanza metropolitana en Guadalajara (México)

La ciudad de Guadalajara ha estado marcada, durante las últimas décadas, por una creciente urbanización, exposición a riesgos naturales y retos socioeconómicos. A raíz de estas problemáticas, la Unión Europea abrió en 2021 el programa EuropeAid, una convocatoria de proyectos para promover el desarrollo urbano integrado a través de asociaciones construidas entre las autoridades locales de los estados miembros de la UE y de los países socios de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible.

Fruto de la colaboración entre el AMB y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), nació el proyecto MetroResilience Guadalajara, desarrollado entre 2022 y 2025, y financiado por la propia UE. Con un presupuesto de 2,33 millones de euros, los trabajos se desarrollaron a través de tres componentes principales, muy vinculados entre sí: tres procesos de participación para que las metrópolis mexicanas ampliaran su capacidad de adaptación y recuperación antes de los impactos que pudieran sufrir, una fase que culminó con la creación de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana del AMB; la implementación de los Puntos Verdes Metropolitanos (PVM), centros comunitarios de acopio y gestión de residuos en los nueve municipios del AMG, inspirados en el modelo metropolitano de gestión de residuos de Barcelona; y la publicación de la Guía Política de Resiliencia y Gobernanza, documento que recoge los aprendizajes del proceso para implementarlos en otros territorios a lo largo del mundo.

3. Movilidad sostenible e inclusiva en Gran Maputo (Mozambique)

En Gran Maputo (Mozambique), el AMB impulsa desde 2017 un proyecto de movilidad sostenible e inclusiva con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y diversidad en las actuaciones llevadas a cabo en el transporte y el espacio público. Con una financiación de 1,7 millones de euros, se han implementado varias medidas en la materia, como un mapa de violencias relacionadas con la movilidad en los principales corredores de la ciudad, la puesta en marcha de la campaña ‘El acoso no es un pasajero’ y un protocolo metropolitano para gestionar casos de violencia machista en la movilidad. Asimismo, se ha diseñado un modelo metropolitano de paradas de autobús; se ha aportado un enfoque equitativo, inclusivo, seguro y sostenible en el espacio público y se ha intervenido en espacios estratégicos, como el hospital central de Maputo, fomentando la movilidad activa. Estas acciones forman parte de una estrategia en el área metropolitana de Maputo definida por AMB, a partir del trabajo con el ayuntamiento de la ciudad, la Agencia Metropolitana de Transportes y Arquitectura sin fronteras. Estas prioridades se marcaron a partir de las necesidades e intereses de las instituciones locales. El proyecto se caracteriza por mantener los principios transversales definidos en el Plan Directorio de Cooperación Internacional de 2017-2019, 2020-2023 y 2024-2027: derechos humanos, sostenibilidad ambiental, gobernanza democrática, empoderamiento, equidad entre hombres y mujeres y cultura de la paz y la no-violencia.

Modelo de acción para el futuro

Estos proyectos en Siria, Guadalajara y Maputo son tres ejemplos de una cooperación mucho más amplia que incluye, en total, más de 40 iniciativas en curso. Todas ellas conforman un modelo de acción internacional que proyecta el AMB como un actor de referencia en acción internacional.

El organismo metropolitano responde, de este modo, a varios de los desafíos globales actuales en las grandes urbes: cambio climático, gobernanza metropolitana, gestión de residuos y movilidad sostenible. Su trabajo proporciona conocimiento y experiencia en planificación urbana y sostenibilidad.

Además, el impacto de sus proyectos se extiende por todo el mundo, en territorios como África (Túnez, Mozambique) y América Latina (México, Salvador), con efectos replicables en otras grandes metrópolis, donde la experiencia de Barcelona y otras ciudades importantes resulta un componente clave.

Fuente: Nota de Raúl Vázquez, publicada en el diario digital “El Periódico” – La foto de apertura corresponde al Sistema de gestión de residuos en Siria, uno de los países en los que trabaja el AMB.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este miércoles la Comisión de Asesoría Científica del Binomio Universidad-Ciudad, acompañada por los rectores de las dos universidades públicas de la ciudad, Mavi Mestre y José Capilla, de la Universitat de València (UV) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), respectivamente. La colaboración entre las dos instituciones académicas y la corporación se ha intensificado en los últimos meses tras las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024. De hecho, el Binomio fue reorientado como herramienta clave de resiliencia urbana, alineando todas sus capacidades universitarias con la seguridad, la recuperación económica y la protección ambiental de la ciudad. Combina el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, con el objetivo de trabajar por una ciudad más preparada para afrontar emergencias y con una ciudadanía más formada para afrontar situaciones adversas.

Catalá ha destacado la “misión histórica” de este órgano: “Afrontar los grandes retos que tenemos por delante, como la resiliencia de nuestro territorio, la movilidad o la vivienda, desde una visión metropolitana”. “Me refiero, claro está a la necesidad urgente de abordar un nuevo Plan Sur Metropolitano que necesita València y su área metropolitana”, ha añadido la máxima autoridad municipal. Para conseguirlo, la alcaldesa ha reclamado “altura de miras, liderazgo, auténtica colaboración institucional y que todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, hagan lo que tienen que hacer”.

De hecho, en mayo pasado, la Comisión de Asesoría Científica se reestructuró en subgrupos de personas expertas que trabajarán en tres líneas de acción: la mejora de infraestructuras y la seguridad, la recuperación económica y la conservación de L’Albufera. La alcaldesa de València ha definido esta comisión científica como “el puente entre la ciencia y la acción pública, y una garantía de que cuando los desafíos se multipliquen, cada paso se dará sobre una base sólida, rigurosa e independiente”.

Personalidades expertas

En cuanto a su composición, Catalá ha resaltado que está conformada “por 19 personas expertas —mujeres y hombres catedráticos, investigadores, profesores— de ambas universidades, con un prestigio más que acreditado, cuya solvencia y capacidad científica y técnica en diferentes áreas resulta fundamental para entender y afrontar los retos a los que nos enfrentamos”. Como primer gran hito institucional, la Comisión de Asesoría Científica ha presentado su Manifiesto de apoyo a la candidatura de L’Albufera como Reserva de la Biosfera, respaldando el valor ecológico, climático, cultural y socioeconómico del parque natural y su papel como defensa natural frente a las inundaciones.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha afirmado que “es momento de destacar que L’Albufera es más que un espacio natural, es un ecosistema con procesos ambientales imprescindibles para nuestro medio natural y nuestra manera de vivir. Pero también es un ecosistema que sostiene actividades productivas e identidades propias de la singularidad de este patrimonio natural”.

En relación al nuevo Plan Sur Metropolitano, José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València, ha señalado que “cuando se hizo se pensaba en el hormigón, en los canales, pero hoy tenemos una visión mucho más integral y respetuosa con el medio ambiente; y eso es lo que tenemos que hacer”. “Es imprescindible la mirada metropolitana, que nos falta. La tenemos en algunas cosas, como la red de transportes, pero es imprescindible que la acometamos cuanto antes”, ha añadido Capilla.

Avances

Previamente a la presentación de la comisión científica, representantes del Ayuntamiento y las dos universidades públicas, encabezados por la alcaldesa y los dos rectores, se han reunido en el marco de la comisión estratégica del Binomio y han abordado los avances realizados a lo largo de este año, “sabiendo que los efectos sufridos con motivo de la dana, nos han obligado replantear y reorientar el Binomio Universidad-Ciudad”, tal como ha recordado María José Catalá.

El Binomio Universidad-Ciudad se articula a través de tres niveles de gobernanza: la Comisión Estratégica, que es el máximo órgano de dirección del binomio y define la visión y las prioridades; la Comisión Operativa, que coordina el despliegue técnico; y la Comisión de Asesoría Científica, que se ha constituido este miércoles para aportar el respaldo científico y la evaluación experta.

Composición de la Comisión de Asesoría Científica

1. Prof. Santiago Carbó Valverde. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València, experto en sistema financiero y economía regional.
2. Prof. Gustau Camps-Valls. Doctor en Física y coordinador del grupo de investigación Image and Signal Processing. Especialista en inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la Tierra y el clima, con foco en el modelado y la predicción de eventos extremos a partir de big data e IA.
3. Dra. Ana Mª Camarasa Belmonte. Catedrática de Geografía Física de la Universitat de València y responsable del grupo de investigación RIUMED. Es experta en hidrología y riesgo de inundación en ramblas mediterráneas, en el contexto del cambio climático.
4. Prof. Dr. Antonio Camacho González. Doctor Internacional en Biología, Catedrático de Ecología y director del grupo de Investigación de Limnología de la Universitat de València. Preside el Comité Científico de la JRPN de l’Albufera y es experto en ecología acuática y cambio global.
5. Dr. Justo Herrera Gómez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Vicerrector de Economía e Infraestructuras de la Universitat de València y profesor titular en Dirección de Empresas. Sus líneas de investigación abarcan la gobernanza en las administraciones públicas y la gestión directiva.
6. Dr. José Mª Nácher Escriche. Doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada. Experto en I+D+i para el desarrollo de personas, territorios y organizaciones, e impulsor de los grados en Turismo y Ciencias Gastronómicas de la UV.
7. Dr. Joan Romero González. Catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València. Trabaja en gobernanza territorial y ambiental y en modelos de organización de regiones metropolitanas en Europa y España. Es codirector de la Cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo.
8. Dr. Andreu Rico Artero. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wageningen. Investigador CIDE-GENT en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la UV. Experto en ecotoxicología acuática y evaluación de riesgos de la contaminación.
9. Prof. Dr. José Manuel Pastor. Catedrático de Análisis Económico e investigador del IVIE. Experto en economía de la educación y economía regional, ha sido decano de la Facultat d’Economia y actualmente dirige la Cátedra Modelo Económico Sostenible València y su Entorno.
10. Dra. Raquel Ortells Bañeres. Doctora en Biología y profesora titular de Ecología en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE-UV). Especialista en ecología evolutiva de sistemas acuáticos y en la adaptación a ambientes cambiantes e impredecibles.
11. Dra. Eloina Coll Aliaga. Catedrática en el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València, e investigadora en el Instituto ITACA. Está especializada en SIG, datos geoespaciales, movilidad urbana y datos abiertos. Dirige la Cátedra de Governança de la Ciutat de València.
12. Prof. Félix Francés García. Catedrático de la UPV e investigador del IIAMA. Ha sido director del instituto y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Es experto en hidrología y gestión del agua, con una fuerte implicación en redes científicas nacionales e internacionales.
13. Dr. José-Mª García Álvarez-Coque. Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Politècnica de València. Especialista en economía agraria y sistemas alimentarios, preside el Grupo Científico Asesor del programa SIPAM sobre patrimonio agrícola mundial.
14. Dr. Miguel Martín Monerris. Doctor en Ciencias Químicas y profesor-investigador en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV. Experto en tecnologías ambientales relacionadas con la contaminación de ecosistemas acuáticos, vertidos al mar y soluciones basadas en la naturaleza.
15. Dra. Carla Montagud Montalvá. Doctora en Ingeniería Industrial y profesora-investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería Energética de la UPV. Directora de la Cátedra de Transición Energética Urbana, especializada en sistemas energéticos para edificios e integración de energías renovables.
16. Dr. Norat Roig Tierno. Catedrático de Economía Aplicada de la UPV, investigador del Grupo de Economía Internacional y Desarrollo y director de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico. Trabaja en innovación regional, sistemas de innovación y sistemas agroalimentarios.
17. Dr. Javier Pérez Igualada. Doctor en Arquitectura, profesor titular del Departamento de Urbanismo de la UPV y director del Máster en Arquitectura del Paisaje. Su investigación se centra en arquitectura del paisaje, diseño urbano para el transporte y conjuntos residenciales en València.
18. Prof. Tomás Ruiz Sánchez. Catedrático de la UPV e investigador del Instituto del Transporte y Territorio. Director del Departamento de Ingeniería de los Transportes y de la Cátedra Transporte y Sociedad. Experto en movilidad peatonal y ciclista y en la relación entre movilidad y bienestar.
19. Dr. Carles Sanchis Ibor. Doctor en Geografía por la Universitat de València, profesor asociado de Geografía e investigador del Centro Valenciano de Estudios del Riego de la UPV. Su trabajo se centra en los espacios regados, humedales e inundaciones, desde perspectivas históricas y de gestión.

 

Fuente: Ajuntament de Valencia

La creación de una Ley de Coordinación Metropolitana será clave para ejecutar de forma obligatoria las decisiones tomadas entre municipios y el Estado, afirmó el Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, tras la presentación de la evaluación Alcalde Cómo Vamos.

El edil morenista, quien también preside la Mesa Metropolitana, adelantó que ya cuentan con avances en una propuesta legislativa que buscan enviar próximamente al Congreso local.

¿En qué consiste la nueva propuesta de Ley?

El objetivo, dijo, es permitir que las políticas públicas aprobadas por al menos dos terceras partes de los alcaldes sean vinculantes para todos los municipios del área metropolitana.

“Es la oportunidad para pasar de problemas y soluciones simples a problemas y soluciones comunes”, expresó Mijes al hablar sobre la necesidad de fortalecer el trabajo intermunicipal.

Además, la iniciativa contempla la creación de un Instituto Metropolitano de Planeación, que tendría la función de mejorar la coordinación regional y armonizar proyectos de largo plazo entre los 11 municipios metropolitanos.

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, coincidió en que la gobernanza metropolitana es indispensable, especialmente en temas de seguridad.

Aseguró que los resultados positivos en la reducción de delitos en Nuevo León se deben al trabajo conjunto entre la Federación, el Estado y los municipios.

La plataforma recordó que temas como movilidad, seguridad vial, medio ambiente y desarrollo urbano requieren coordinación permanente y no pueden resolverse únicamente desde cada administración municipal.

Fuente: MVS Noticias.

Este domingo VANGUARDIA publicó una nota sobre la propuesta de creación de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) para la Zona Metropolitana de Saltillo, misma que pude presentar dentro del 3er. Foro de la Red de Innovación de Agua y Recursos Ambientales.

Esta iniciativa es producto del trabajo conjunto que diversas organizaciones venimos realizando desde abril para enfrentar la problemática de la calidad del aire, generada principalmente por el crecimiento desmedido del parque vehicular y la actividad industrial.

A lo anterior se suman las emisiones generadas en la cuenca atmosférica de la Zona Metropolitana de Monterrey, mismas que por, efecto de la dinámica de los vientos, vienen a dar en buena parte a la cuenca del Valle de Saltillo, convirtiéndole en cuenca receptora.

Asimismo, la región climática en la que nos encontramos y la desertificación derivada de un insostenible modelo de urbanización disperso provocan la generación excesiva de material particulado y la incapacidad de la cuenca para aportar un control natural eficiente.

Para atender la problemática descrita, se plantea una vía para institucionalizar, desde la perspectiva de cuádruple hélice, la cooperación entre los gobiernos locales, la sociedad organizada, la academia y el sector productivo, desde una perspectiva supramunicipal.

La estructura orgánica que se propone está diseñada para aprovechar los mecanismos de coordinación metropolitana amparados en el artículo 115 constitucional. En primer lugar, se propone integrar un Órgano de Gobierno conformado por las autoridades locales.

Aquí será necesaria la representación de titulares de los gobiernos, estatal y municipales, y de responsables del sector ambiental. Una de sus principales funciones será asegurar que los acuerdos cuenten con respaldo político y presupuestal para su ejecución.

Se propone también la instalación de una Dirección Ejecutiva como brazo operativo, teniendo a su cargo la facilitación de los trabajos de la CAMe y el seguimiento a acuerdos, así como al cumplimiento de los compromisos asumidos y los proyectos instrumentados.

Para evitar cargas presupuestales innecesarias, se propone que su equipo operativo esté conformado por personal comisionado, es decir, personas que ya laboran en las áreas ambientales de los gobiernos locales, pero bajo la guía de dicha dirección ejecutiva.

Si bien se requerirá contar con personal permanente, este se reduce al mínimo, a fin de que se cubran solamente las funciones administrativas básicas. El modelo operativo, además de eficientar el recurso, busca aprovechar experiencia y conocimiento existentes.

Para garantizar un liderazgo técnico y ajeno a intereses políticos, la persona a cargo de la Dirección Ejecutiva deberá ser seleccionada a través de una convocatoria abierta, garantizando el perfil idóneo y la transparencia en la gestión de los trabajos de la CAMe.

Se plantea también la creación de un Consejo Asesor Permanente, órgano consultivo integrado por personas expertas con un perfil científico avalado por instituciones académicas y centros de investigación prestigiados y con reconocimiento en la materia.

La función del Consejo será trascendente para asegurar que las decisiones se sustenten en evidencia científica sólida y no en percepciones superficiales de la situación. Con lo anterior, las decisiones adoptadas contarán con validez y pertinencia de carácter técnico.

También se considera necesaria la Representación del Sector Productivo, sumando a las empresas generadoras de emisiones, con voz, pero sin voto, permitiendo el diálogo y retroalimentación técnica, pero cuidando la imparcialidad en la adopción de acciones.

Esto permite evitar posibles conflictos de interés, impidiendo que las generadoras de emisiones se conviertan en juez y parte al evitar su influencia en la determinación de medidas necesarias, pero garantizando que se puedan considerar sus preocupaciones.

Finalmente, y de la mayor relevancia, se propone la incorporación de una Representación Sectorial que integre a organizaciones de la sociedad civil y actores ciudadanos destacados, garantizando una efectiva incidencia ciudadana.

Su adición permitirá que los distintos sectores sociales encuentren una posibilidad de participar de manera informada en la toma de decisiones, asumiendo un papel corresponsable en la gobernanza atmosférica de la Zona Metropolitana.

Abrir la puerta a la toma de decisiones coordinada entre quienes vivimos en nuestra zona metropolitana hará viable aspirar a un futuro posible.

Fuente. Vanguardia MX

La colonia Manantiales se ha convertido en un símbolo incómodo de lo que ocurre cuando la ciudad crece sin política metropolitana y sin justicia territorial. El foco mediático se ha puesto, con razón, en los intentos de levantón contra mujeres y en los asaltos al transporte público. Pero el problema que hoy estalla en este punto fronterizo entre Puebla capital, San Pedro Cholula e incluso Cuautlancingo no es sólo de inseguridad: es, sobre todo, de integración armónica con los servicios públicos y con la gobernanza de la zona conurbada.

Los testimonios recogidos en la propia colonia muestran un absurdo estructural: para el cobro de predial y agua potable no hay duda, Manantiales pertenece a San Pedro Cholula; pero cuando se trata de seguridad pública, los tres ayuntamientos se disputan la incompetencia.

La vigilancia llega por oleadas, al calor de los videos que se hacen virales, y se retira en cuanto la presión social disminuye. La vida cotidiana, en cambio, permanece atravesada por el miedo, especialmente para las mujeres jóvenes que ya no se sienten seguras ni para regresar de trabajar.

Esa fractura institucional se agrava por la infraestructura misma: la colonia está conectada con autopistas, bulevares y salidas estratégicas que facilitan la huida de agresores, mientras que los servicios urbanos –alumbrado, transporte seguro, presencia policiaca permanente, equipamiento comunitario– llegan tarde, mal o nunca.

Manantiales es periferia en dos sentidos: geográfico y político. Está en los márgenes de los mapas administrativos y también en los márgenes de las prioridades públicas.

Lo que hoy ocurre ahí exhibe una carencia de fondo: Puebla sigue sin una política integral para sus periferias ni una autoridad capaz de pensar y actuar la ciudad como región metropolitana. Urge crear un organismo metropolitano para la zona conurbada de Puebla, con participación de los municipios involucrados y del gobierno estatal, dotado de facultades claras en seguridad, movilidad, ordenamiento territorial y servicios básicos.

Ese ente debería tener reglas de financiamiento equitativas y mecanismos de participación ciudadana que garanticen que colonias como Manantiales, Ignacio Romero Vargas o los fraccionamientos más alejados reciban el mismo trato que las zonas céntricas, sin importar su ubicación ni el perfil socioeconómico de sus habitantes.

Fuente: La Jornada de Oriente

A partir de la decisión de la Contraloría General de la República, se constituyó oficialmente el Área Metropolitana del Gran Valparaíso, una propuesta que ya había sido ratificada por el Gobierno Regional de Valparaíso y por el Presidente Gabriel Boric.

Con esto, el Gran Valparaíso se transforma oficialmente en una de las primeras áreas metropolitanas del país que opera bajo el marco que establece la Ley 21.074, que pretende fortalecer la regionalización y que otorga nuevas atribuciones al gobierno regional.

¿Qué comunas componen el Gran Valparaíso?

La nueva área metropolitana del Gran Valparaíso está conformada por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

Un territorio que concentra cerca de un millón de habitantes, es decir, más del 50% de la población de toda la región de Valparaíso.

Con ello, el Gran Valparaíso se suma a la figura que también tienen de manera oficial el Gran Santiago, compuesto por 40 comunas, y el Gran Concepción, que agrupa a Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé y Santa Juana.

¿Qué significa que el Gran Valparaíso sea un área metropolitana?

La oficialización del área metropolitana del Gran Valparaíso permitirá agrupar a las cinco comunas a través de un Comité de Alcaldes y un Consejo Metropolitano, el que podrá tomar decisiones relevantes para el sector en materias como ordenamiento territorial, planificación urbana, transporte, gestión vial, vivienda, infraestructura estratégica.

De esta manera, se trabajará mediante una planificación integrada de un territorio que, producto de los desplazamientos por trabajo y estudios, se ha transformado en una conurbanización en la que los límites comunales han desaparecido.

“Este es un avance muy relevante para la región, porque nos permite contar con herramientas concretas para abordar problemas que no se resuelven desde una sola comuna“, dijeron desde el Ejecutivo, según publicó DF.

Nota publicada por https://www.meganoticias.cl/

Marko Quiroga Berazaín analiza en una serie de notas publicadas en el diario digital “Opinión” los problemas de gobernanza en la Región Metropolitana de Kanata/Cochabamba, en Bolivia. Presentamos aquí dos de esos artículos de opinión.

 

Metropolización emergente y gobernanza ausente. El caso de Cochabamba.

El proceso de metropolización en la Región Metropolitana Kanata (RMK) de Cochabamba (1) reproduce, con matices locales, las dinámicas históricas que dieron forma a la ciudad moderna latinoamericana. Difundida en la región a través de políticas estatales desarrollistas y prácticas urbanísticas importadas en los años 50, e inspirada indirectamente por modelos europeos industrializados, ha experimentado una transición acelerada desde una estructura urbana tradicional hacia una configuración policéntrica, expandida y altamente heterogénea.

En el caso cochabambino, la metropolización se origina en la combinación de tres fuerzas estructurales: (i) migración rural sostenida desde los valles y el Cono Sur; (ii) crecimiento demográfico acelerado, alcanzando casi 1,3 millones de habitantes; y (iii) expansión urbana impulsada por mercados de suelo desregulados y prácticas de parcelación periférica de baja densidad. Estos factores en pocas décadas han generado transformaciones espaciales, como el aumento de densidades en ejes centrales de Cochabamba, consolidación de periferias extensas, y grandes zonas de conurbación sin infraestructura suficiente.

El “urbanismo estratégico” de mediados del siglo XX, que vincula equipamientos, avenidas estructurantes y centralidad administrativa, reforzó la idea de modernización, pero no logró contener la expansión acelerada ni equilibrar la distribución territorial de servicios. Así, la RMK reproduce tensiones comunes de las metrópolis latinoamericanas, como sobreposición de dinámicas urbanas, fragmentación socioespacial, deterioro de los centros tradicionales, contaminación ambiental. presión sobre agua y saneamiento, saturación y congestionamiento vial, crecimiento informal de suelo urbano y alta transformación de espacios rurales productivos.

En la actualidad, la metropolización en Kanata no es un problema en sí misma; constituye una condición estructural de una sociedad urbanizada que busca oportunidades. Lo crítico es su reproducción sin planificación efectiva, sumado a la ausencia de políticas coordinadas de uso de suelo, falta de gobernanza metropolitana y débil regulación de mercados inmobiliarios. La RMK exige, por tanto, un modelo de gestión territorial que articule crecimiento con sostenibilidad, equidad y capacidad institucional.

La metropolización contemporánea de Cochabamba. Entre la expansión y la desigualdad

La metropolización de Cochabamba constituye un ejemplo paradigmático de cómo la modernidad latinoamericana reconfigura el territorio bajo dinámicas sociales, económicas y espaciales intensas. En pocas décadas, la mancha urbana ha superado los límites municipales tradicionales, extendiéndose hacia siete municipios, conformando oficialmente la Región Metropolitana “Kanata”.

Uno de los factores esenciales en este proceso ha sido la migración rural. Cochabamba vivió un crecimiento explosivo desde los años setenta, impulsado por campesinos que abandonaron sus tierras para buscar mejores oportunidades en la ciudad, lo que generó una acelerada expansión demográfica. Este tránsito rural-urbano ganó tanto en volumen como en urgencia, donde la presión por viviendas, empleo, educación y servicios esenciales generaron un problema estructural.

La expansión territorial, por su parte, ha resultado más dispersa que planificada. El desarrollo metropolitano se ha caracterizado por asentamientos de baja densidad, ocupación de suelos con alto valor productivo y fragmentación social. En estas zonas emergentes, la informalidad urbanística se ha acentuado promoviendo gran parte del acceso al suelo fuera de la regulación formal, lo que incrementa la vulnerabilidad física frente a riesgos naturales y sociales.

Otro factor ha sido la falta de una institucionalidad metropolitana sólida. Aunque la Región Metropolitana Kanata fue creada por ley, existen desafíos para coordinar proyectos regionales debido a tensiones entre los gobiernos municipales, departamentales y el Estado central. Esta fragmentación institucional se traduce en recursos dispersos, planes inconexos y un consejo metropolitano con escasa capacidad para integrar una visión común del territorio.

El proceso de metropolización en Cochabamba es profundamente multidimensional, revela un fenómeno que nace de la crisis rural, se acelera por el crecimiento demográfico y socioeconómico, y se consolida en un espacio territorial versátil. Sin embargo, su progresión revela debilidades estructurales en gobernanza, en la gestión del suelo y en la inclusión social. La gran metrópoli no representa un símbolo de modernización, por el contrario, revela un desafío permanente para construir un modelo urbano sostenible, equitativo y planificado.

 

 

Fuente: Diario digital “Opinión” – Notas de Marko Quiroga Berazaín, Ph.D. – Investigador CEPLAG – UMSS

Mapa de la Región Metropolitana de Kanata crédito de la Fundación Alternativa.

(1) Nota de Ciudadanía Metropolitana: La Región Metropolitana de Kanata fue creada mediante Ley Nº 533 del año 2014, y comprende el área metropolitana alrededor de la ciudad de Cochabamba, integrada además por los municipios de Sipe Sipe,  Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya y Vinto.

“La comunidad autónoma necesita asumir sin complejos que su futuro económico, social y cultural depende de impulsar dos polos urbanos capaces de competir en el tablero global”, sostiene en un muy claro y contundente artículo sobre la importancia de las áreas metropolitanas José Luis Gómez, Editor de MUNDIARIO.

En todos los grandes países hay, como mínimo, una ciudad que vertebra el territorio. A veces coincide con la capital. Otras, no. Basta mirar a Japón, Francia o Argentina para entender que un país sin una gran área urbana capaz de proyectar influencia se queda sin peso propio. Incluso donde la capital no es la pieza central –Estados Unidos con Washington frente a Nueva York, o Italia con Roma frente al eje Milán-Turín–, el motor económico y cultural se desplaza hacia esas ciudades que concentran talento, actividad y ambición. El problema de Galicia no es que su capital sea Santiago, sino que Galicia carece de un equivalente a Nueva York, Los Ángeles o Milán.

¿Qué sería de Cataluña sin Barcelona? ¿O de Andalucía sin Sevilla y Málaga? ¿O de Aragón sin Zaragoza? Las ciudades de cierta entidad no solo concentran población: generan ecosistemas culturales, empresariales y financieros que fortalecen al conjunto. Funcionan como espacios de innovación, atracción de inversión y renovación social. Y en ese espejo Galicia aparece desnuda: un país que a veces se describe, con lirismo, como una gran ciudad-jardín, pero que en la realidad carece de una verdadera gran ciudad. Vigo y A Coruña apuntan hacia ese estatus, pero siguen atrapadas en la categoría de ciudades intermedias, lastradas por décadas de decisiones políticas y por una visión ruralista del territorio.

El urbanismo gallego arrastra errores que se pagan a diario. En lugar de apostar por infraestructuras dimensionadas para los principales núcleos urbanos, el Gobierno autonómico dedicó durante años recursos a vías secundarias que apenas utilizan unos pocos coches, mientras Vigo y A Coruña colapsan mañana sí y tarde también. La vida cotidiana en estas áreas se deteriora por una planificación incapaz de asumir lo evidente: que ya no hablamos de municipios tradicionales, sino de áreas metropolitanas con cientos de miles de desplazamientos diarios, una intensa actividad económica y necesidades de movilidad, vivienda y servicios propias de una gran ciudad.

Las rivalidades personales tampoco han ayudado. Galicia está llena de anécdotas –menos anecdóticas de lo que parecen– sobre exconselleiros que bloquearon desarrollos urbanos por miedo a fortalecer a determinados alcaldes, o sobre recelos institucionales que siguen condicionando decisiones estratégicas. Hoy, la Xunta mira con desconfianza la proyección mediática de figuras como Abel Caballero, y esa incomodidad acaba traduciéndose en indefiniciones políticas y retrasos en cuestiones clave como transporte, ordenación territorial, cooperación metropolitana o inversiones prioritarias.

Las áreas metropolitanas son necesarias para que el país gane tamaño y competitividad

El debate sobre qué es un área metropolitana resulta casi extravagante a estas alturas. Vigo y A Coruña lo son de hecho, aunque no de derecho. La definición de la Real Academia es clara: una ciudad es un espacio denso, poblado y dedicado a actividades no agrícolas. Lo urbano se contrapone a lo rural. Galicia necesita asumir esa distinción para poder construir una política territorial moderna que no se quede encerrada en nostalgias ni en equilibrios ficticios. Las áreas metropolitanas no son una amenaza, sino una condición de posibilidad para que el país gane tamaño, competitividad y futuro.

Las grandes ciudades, además, ofrecen ventajas que no son sustituibles: más oportunidades laborales y educativas, mejores servicios públicos y privados, y una oferta cultural y de ocio que no puede replicarse en ámbitos de baja densidad. Atraen talento, inmigración y actividad económica. Sí, tienen costes: vivienda más cara, más estrés, mayor presión sobre el entorno. Pero sin esa masa crítica la alternativa es peor: el envejecimiento, la pérdida de población joven y la irrelevancia en un mundo donde las dinámicas metropolitanas son la norma.

De ahí que la propuesta planteada en su día por el socialista Ismael Rego merezca algo más que un debate de sobremesa. Del mismo modo que Galicia logró grandes consensos en materia lingüística o institucional, también debería haber alcanzado un acuerdo amplio sobre su organización territorial. No se trata de excluir a nadie, ni de abandonar al rural, sino de reconocer que una comunidad moderna necesita uno o dos polos urbanos fuertes que tiren del conjunto. Galicia no puede competir en el siglo XXI tratándose a sí misma como un territorio disperso cuya principal seña de identidad es la residencia de ancianos más grande de Europa.

La solución no depende solo de los conselleiros, pero pasa necesariamente por ellos. Galicia debe sacudirse de una vez la boina –en lo simbólico y en lo administrativo– y asumir que su porvenir exige pensar en grande: planificar en clave metropolitana, invertir donde vive y trabaja la mayoría de la población, y dejar atrás complejos que han hecho del debate urbano un terreno minado.

Vigo y A Coruña no son municipios tradicionales: son las columnas sobre las que Galicia puede sostener su futuro. La alternativa es seguir marchitando ese jardín que tanto nos gusta imaginar. @J_L_Gomez

Nota tomada del Diario digital MUNDIARIO

El presente artículo de Nelson Enrique Restrepo Ramírez, Director Ejecutivo Corporación Conciudadanía, presenta una comparación entre las figuras de Provincias Administrativas y de Planificación (PAP) y Áreas Metropolitanas (AM), basado en el marco normativo y sus características distintivas. La opinión fue publicada por “La Prensa Oriente”, de Colombia.

Marco Constitucional y Desarrollo Normativo

Ambos esquemas asociativos territoriales encuentran su origen en la Constitución Política de 1991. Las PAP se constituye con municipios o territorios indígenas circunvecinos, siempre que pertenezcan a un mismo departamento (Art. 321). Su desarrollo se ha dado a través de ordenanzas departamentales, fundamentadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 de 2011.

En contraste, las Áreas Metropolitanas se organizan como entidades administrativas cuando dos o más municipios comparten relaciones económicas, sociales y físicas que les otorgan características de un área metropolitana (Art. 319). Es importante destacar que, en la jerarquía normativa, una ley es superior a una ordenanza. Las AM han sido desarrolladas mediante leyes orgánicas, siendo las más recientes la Ley 1625 de 2013 y la Ley 1993 de 2019.

Conformación y Objeto

La conformación de las PAP requiere que dos o más municipios sean geográficamente contiguos y pertenezcan al mismo departamento. Pueden constituirse mediante ordenanza por solicitud de los alcaldes, gobernadores o el diez por ciento (10%) del censo electoral (Art. 16, Ley 1454 de 2011). El objeto principal de las PAP es organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional, la ejecución de proyectos de desarrollo integral y la gestión ambiental (Art. 16, Ley 1454 de 2011). En Antioquia, las ordenanzas han configurado el régimen de las PAP, ya que no cuentan con uno establecido en una ley.

Por su parte, las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público formadas por dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas; actualmente en las AM no es requisito la conurbación o mancha urbana continua, sino las relaciones entre los municipios. Para su creación se requiere una consulta popular con la participación del cinco por ciento (5%) del censo electoral (Art. 2, Ley 1993 de 2019). El objeto de las AM es la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y la racional prestación de servicios públicos (Art. 2, Ley 1625 de 2013).

Régimen Fiscal y Competencias

El presupuesto de las PAP depende de los aportes, transferencias o cuotas de los municipios que aprueban los concejos municipales, además de donaciones, aportes y compensaciones por cargas o beneficios en obras públicas (Art. 19, Ordenanza 30 de 2024). Las PAP no tienen ingresos corrientes provenientes del avalúo catastral o de transferencias del sector eléctrico cuando son autoridad ambiental.

Las AM sí tienen un ingreso periódico actual y predecible. Su patrimonio se obtiene del producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral, de transferencias del sector eléctrico, de tasas y multas si son autoridad ambiental, y de recursos de valorización por obras de carácter metropolitano (Art. 28, Ley 1625 de 2013).

En cuanto a competencias las PAP pueden organizar la prestación de servicios públicos, desempeñar funciones administrativas propias o delegadas, gestionar obras de interés común, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo integral, promover el desarrollo rural y la gestión ambiental, y cumplir funciones de planificación y ordenamiento territorial de carácter supramunicipal. Además, pueden actuar como autoridad de transporte y de servicios públicos por delegación expresa de los municipios (Art. 17, Ordenanza 30 de 2024).

Las AM tienen funciones para programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable, racionalizar la prestación de servicios públicos, ejecutar obras de infraestructura vial y proyectos de interés social, y establecer directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de sus municipios (Art. 6, Ley 1625 de 2013). Las AM tienen funciones más específicas en materia de transporte, incluyendo la Formulación de la política de movilidad regional, ser autoridad de transporte, y la planificación del servicio de transporte público urbano. Además, pueden ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano si alcanzan el millón de habitantes.

En materia de ordenamiento territorial, tanto PAP como AM tienen competencias para establecer lineamientos de alcance supramunicipal, aunque las AM tienen más experiencia en esto.

Órganos de Administración y Dirección

Los órganos de administración y dirección de las PAP son la Junta Provincial, integrada por el/la Gobernador/a o su delegado/a, los/as alcaldes/as y dos representantes de los concejos municipales (Art. 26, Ordenanza 30 de 2024). En las PAP, cualquier alcalde/sa puede presidir la junta y todos/as tienen igualdad para votar^.

En las Áreas Metropolitanas, la junta está compuesta por los/as alcaldes/as, un representante del concejo del municipio núcleo, un representante de los demás concejos y un/a delegado/a permanente del Gobierno Nacional con derecho a voz pero sin voto (Art. 15, Ley 1625 de 2013). En el AM, el/la alcalde/sa del municipio núcleo es el/la presidente y se requiere su voto afirmativo para aprobar Planes y Presupuestos de alcance metropolitano.

 

Fuente: La Prensa Oriente